La corrupción no empieza en las empresas: empieza en la política
Aunque los titulares suelen centrarse en el empresario que paga la comisión, pocas veces se analiza con profundidad el origen real del problema: la estructura político-administrativa que lo permite. Más que un fallo puntual, la corrupción en España responde a un sistema que ha normalizado prácticas opacas, donde ciertos cargos públicos actúan como intermediarios interesados, y no como servidores del bien común.
Cada cierto tiempo, como una rutina perversa, salta a los medios un nuevo escándalo de corrupción. Da igual el color del Gobierno: siempre aparece algún dirigente que se lleva dinero público en nombre de su partido. Y aunque ahora se quiere legislar para penalizar a las empresas “corruptoras”, conviene detenerse a analizar el origen real del problema.
No siempre corrompen las empresas
Plantear que las empresas son quienes instigan la corrupción es una simplificación peligrosa. Por supuesto que hay que sancionar a quien obtiene contratos de forma ilícita. Pero en la mayoría de los casos, no es la empresa la que se ofrece a pagar. Es el político el que sugiere el “cómo” y el “cuánto”, aprovechando su posición para condicionar el proceso.
La responsabilidad principal debería recaer en ese servidor público que olvida su deber de velar por el bien común. Porque quien corrompe desde dentro del Estado no solo comete un delito, sino una traición profunda al interés general.
El sistema está diseñado para excluir a las pymes
El origen estructural de este problema reside en el sistema de clasificación de empresas para acceder a contratos públicos. Para poder presentarse, una empresa debe acreditar requisitos de solvencia que solo las grandes compañías pueden cumplir: años de experiencia, facturación mínima, avales…
Así, las pequeñas y medianas empresas quedan fuera del proceso. ¿La consecuencia? Las grandes consiguen el contrato… pero subcontratan la obra a esas mismas pymes que no podían participar directamente.
Subcontratar, cobrar y repartir
La gran empresa actúa como intermediaria: se lleva la adjudicación, cede la ejecución a otra empresa, y se queda con un porcentaje. Esa mordida “legal” se suma muchas veces a otra mordida “ilegal” que va a parar al bolsillo del político corrupto.
Y todo esto lo pagan las arcas públicas, es decir, la ciudadanía. Porque si esas pequeñas empresas pudieran optar directamente al contrato, las obras serían más baratas, la calidad sería la misma —o mejor—, y el sistema sería más justo y transparente.
Urge una reforma a fondo
Si se quiere erradicar la corrupción, hay que empezar desde la raíz. Reformar los criterios de clasificación, facilitar el acceso a las pymes, y endurecer las penas a los cargos públicos que usen su puesto para enriquecerse.
Las empresas pueden caer en prácticas corruptas, sí. Pero no son el origen del mal. El verdadero foco está en quienes convierten lo público en botín privado. Y a esos hay que perseguirlos con todo el peso de la ley. @mundiario
