Cincuenta años sin Franco: memoria, democracia y el riesgo de olvidar lo esencial

Franco, su féretro y el logo de 50 años de España en Libertad. / Mundiario
El auge del revisionismo y la banalización del discurso autoritario obligan a revisar críticamente la Transición y a reforzar una pedagogía democrática que hoy muestra grietas preocupantes.

Cada 20 de noviembre España vuelve a mirar a su pasado reciente con una mezcla de incomodidad y deber cívico. Desde la muerte de Francisco Franco en 1975, la fecha ha obligado a reflexionar sobre lo que significó una dictadura que aniquiló libertades y sobre el camino recorrido desde entonces. Medio siglo después, ese ejercicio es más urgente que nunca: el auge global de la extrema derecha ha reactivado un revisionismo que trivializa la violencia del régimen y alimenta la idea de que la democracia, con todas sus imperfecciones, es prescindible.

Los datos son elocuentes. Según el CIS, un 17% de los jóvenes considera que la democracia actual es peor que la dictadura que no conocieron. El dato refleja algo más que ignorancia histórica: evidencia el éxito de un relato distorsionado que, por vía de redes sociales, proclamas incendiarias y una estética de impostada rebeldía, está convirtiendo en moda lo que durante décadas fue tabú. Eslóganes fascistas que antes marcaban los márgenes reaparecen hoy en los centros urbanos como gesto de transgresión trivializada.

Conviene recordar, sin embargo, qué significaba vivir bajo el franquismo: miles de muertos en fosas comunes, sentencias de muerte hasta el último momento, partidos políticos prohibidos, derechos civiles inexistentes, represión lingüística y sexual, mujeres reducidas jurídicamente al tutelaje masculino. Un país pobre, con mínima escolarización, sin Estado del bienestar y sin libertades elementales. Nada de eso pertenece a una bruma distante; fueron las condiciones materiales y políticas de la vida cotidiana hasta los años 70.

La muerte del dictador abrió un horizonte incierto, pero también la posibilidad de superar décadas de atraso. En 1976, con Adolfo Suárez recién nombrado presidente y la Ley para la Reforma Política en tramitación, España empezaba a respirar un aire de apertura. Un año más tarde, los Pactos de la Moncloa buscaban estabilizar una economía en crisis, mientras la ponencia constitucional trabajaba en el armazón jurídico que permitiría el período más prolongado de paz y prosperidad de la España contemporánea. Aquellos grandes problemas históricos que el franquismo fue incapaz de resolver se abordaron en pocos años, con pactos, cesiones y una cultura de convivencia que hoy se recuerda con cierta nostalgia.

50 años de España en Libertad

Los esfuerzos de la Transición, sin embargo, no borraron de un plumazo la herencia autoritaria. Una parte de las élites del régimen conservó poder y peso institucional, y la Transición, pese a su éxito, no estuvo exenta de violencia, terrorismo y tensiones. Pero se logró algo esencial: ensanchar el espacio democrático y construir un marco de derechos compartidos. Ese es el legado que debería guiar la discusión pública cada 20 de noviembre.

En este contexto, la publicación reciente de las memorias de Juan Carlos I ha añadido ruido a un terreno ya inflamable. Su relato, que minimiza el papel del antifranquismo en la conquista de libertades, alimenta involuntariamente la narrativa revisionista y reduce un proceso complejo –la tensión entre calle, instituciones y poderes fácticos– a un ejercicio de liderazgo personal. Que el papel del rey en la Transición fuese decisivo no justifica simplificaciones que oscurecen la dimensión colectiva de aquel cambio histórico.

La conmemoración de 50 años de España en Libertad, impulsada por el actual Gobierno, pretende ofrecer un espacio de pedagogía democrática. No lo ha logrado todavía. En un clima de confrontación permanente, las políticas de memoria corren el riesgo de volverse rehén de la batalla partidista. El Partido Popular, cuya responsabilidad institucional es indiscutible, no puede permitirse aprovechar electoralmente una deriva negacionista que cuestiona no al Gobierno de turno, sino los cimientos mismos del Estado de derecho.

España ha demostrado capacidad para reinventarse y corregir sus propios errores. Pero la memoria democrática no se sostiene sola: requiere instituciones que la cuiden, partidos políticos capaces de pactar en lo esencial y una sociedad dispuesta a defender la verdad frente a la manipulación. Cincuenta años después de la muerte de Franco, esa tarea vuelve a ser prioritaria. Porque olvidar lo aprendido no nos devuelve al pasado: nos desarma frente al futuro. @mundiario