Brecha digital, brecha social

Imagen relativa a la digitalización. / Pixabay
Imagen relativa a la digitalización. / Pixabay
La digitalización de los servicios públicos, también de los privados, exige una atención personalizada para las personas “no conectadas”.
Brecha digital, brecha social

El Defensor del Pueblo acaba de presentar en las Cortes Generales su Informe Anual de actividad en 2022. En su nota de presentación, recoge dos conclusiones iniciales fácilmente reconocibles por cualquier ciudadano a pie de calle.  En primer lugar, que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser estos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario. En segundo lugar, que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online.

Si acudimos a un primer pantallazo de Wikipedia, leemos que la brecha digital es cualquier distribución desigual en el acceso, en el uso o en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación entre grupos sociales.

Como nos recuerda la profesora Adela Mesa, el término “digital divide” se empleó en la Administración Clinton para identificar determinadas desigualdades sociales que comenzaban a observarse a finales de los años 90 y primeros 2000 derivadas del uso de ordenadores y de la extensión global de internet. La brecha digital produce desigualdad social (Mossberger, 2007) segmentando la población entre “conectados” y no “conectados”, obteniendo los primeros claras ventajas sociales.

En tiempos de una práctica generalización de dispositivos smartphone, de extensión de redes 5G, de acceso wifi en multitud de espacios públicos, en el que las redes sociales, el metaverso, aparentan sustituir a las relaciones personales, en tiempos de ChatGPT, podemos tener la falsa impresión sobre una digitalización completa de nuestra sociedad, en la que cualquiera puede ya acceder y usar con absoluta facilidad cualquier bien o servicio disponible en línea.

Infografía de la economía digital.
Infografía de la economía digital.

Accesibilidad y uso

España sigue mejorando posiciones como país en los índices de digitalización en el ámbito de la UE (según el índice DESI 2022 España ocupa ya el puesto 7 de los 27 estados de la Unión). Pero este nivel de digitalización de nuestros servicios debe analizarse también en términos de accesibilidad y uso por parte del conjunto de nuestra población, no vaya a ser que estemos ofreciendo un alto nivel de servicios digitales a una población que en gran parte no puede acceder a ellos, o más grave, que solo sean accesibles para la población “ilustrada digitalmente”, acelerándose nuestra brecha social.

Resulta muy ilustrativo el último informe que acaba de presentar UGT 'De las redes a la competencia', que señala como hace unos años un uso ordinario del correo electrónico, navegar con soltura y hacer búsquedas personalizadas eran habilidades suficientes para considerar que una persona tenía capacidades digitales básicas. Sin embargo, con el avance de la digitalización registrado en los últimos años, especialmente con motivo de la pandemia de la Covid-19, hoy en día tener competencias digitales va más allá de estas prácticas y es necesario saber concertar una cita médica online, instalar un certificado digital, operar con banca electrónica o gestionar una videollamada.

No ser capaz de llevar a cabo estas prácticas desemboca en una "segunda brecha digital" y puede hacer que una persona quede relegada a la hora de encontrar un empleo o acceder a aspectos sanitarios, financieros o de trámites administrativos básicos. 

Continúa este informe remarcando que a la exclusión digital y financiera se suma una tercera, la sanitaria, especialmente preocupante en zonas rurales. En concreto, el informe señala que 20 millones de ciudadanos no han concertado una cita médica por Internet en el último año.

Pero la sanidad no es el único servicio público en el que la falta de competencias digitales puede generar exclusión. Una de cada tres personas con capacidad para conectarse a Internet (36,4%) no es capaz de realizar un trámite administrativo con las Administración Públicas (AAPP) por falta de habilidades o conocimientos.

La edad, determinante

La edad es el factor más determinante a la hora de identificar la brecha digital que sufre España, ya que un 95% del total de las personas que nunca han accedido a Internet superan los 55 años. Pero también existen otros como el género (el 66% son mujeres), el hábitat (el porcentaje es tres veces mayor en las poblaciones menos habitadas que en las capitales de provincia), la situación laboral (el 64,5% está en fase de prejubilación o jubilación) y la renta (el 36% de los excluidos digitales tienen una renta inferior a 900 euros), concluye este reciente estudio de UGT.

Si a este escenario de imparable digitalización de servicios le añadimos la exigencia de cita previa que gran parte de las Administraciones Publicas impusieron con motivo de la pandemia, y que en muchos casos se mantiene, la situación de falta de garantía en la atención ciudadana  se agrava de forma alarmante.

En su informe anual de 2022, el Defensor del Pueblo recuerda que la cita previa no puede ser un requisito absoluto en el acceso a los servicios públicos, convirtiéndose así en obstáculo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de sus obligaciones. Por esta razón el Defensor del Pueblo ha tenido que realizar las necesarias advertencias de corrección a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo, a los procesos de admisión de alumnos  a la gestión del Bono Cultural Joven, a las Jefaturas de Tráfico y a otras entidades públicas.

La exclusión

Pero no podemos dejarnos en el tintero como el Defensor del Pueblo también pone el acento en la exclusión financiera derivada de procesos de digitalización como factor de marginación social, especialmente grave en las personas mayores y en el ámbito rural, pero también para las personas con discapacidad auditiva o visual. La inclusión financiera, remarca la oficina del Defensor del Pueblo, es una de las bases necesarias que sostienen la inclusión social.

Nuestras leyes básicas de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas de 2015 son muy claras asegurando entre sus principios la prestación de servicios efectivos a los ciudadanos.

Precisamente estos días se está celebrando en España la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week). Su objetivo principal es acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración. 

Una Administración abierta no puede encerrarse, no puede esconderse, tras una pantalla virtual, debe garantizar en todo momento los derechos de los ciudadanos en atención a sus diversidades. @mundiario

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