Un alto imprescindible, un futuro incierto: el plan de Trump para Gaza entre cicatrices y esperanzas

Obviamente hoy no será un gran día en Gaza ni será un gran día para una humanidad que ha contemplado la masacre de Gaza y de los gazatíes paralizada, pero en riguroso directo. Nadie se ha podido escapar desviando la mirada hacia otra parte. En cualquier parte estaba Gaza, estaba Palestina y estaban los palestinos, estaban los inocentes secuestrados por Hamás. En cualquier parte estaba el horror y el escándalo. 

El alto el fuego que se nos anuncia alcanzado por el plan de Donald Trump, parece que detendrá hoy la violencia en la Franja de Gaza y que abrirá una ventana humanitaria que resultaba extremadamente urgente. La pausa en las hostilidades permite acciones concretas que hasta ahora eran imposibles por la intensidad del conflicto y la inseguridad generalizada.

El acuerdo facilita la liberación de personas retenidas por Hamás, vivos y fallecidos, y obliga a acelerar los procesos de identificación y entrega de cuerpos a sus familias. La restitución digna de los fallecidos y la liberación de los secuestrados son pasos imprescindibles para atender el dolor de las víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023 -calificable, sin duda de acto terrorista y de crimen contra la humanidad- y para cumplir exigencias mínimas de justicia y verdad.

La interrupción de las operaciones militares sobre la Franja, y en particular sobre Ciudad de Gaza, pone fin a un patrón de bombardeos que había provocado destrucción masiva y un elevado número de víctimas civiles, calificable todo ello, como lo ha hecho el Tribunal Penal Internacional y la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas, como genocidio. La pausa previene nuevos actos de violencia y facilita la documentación de posibles crímenes cometidos durante las fases más intensas del conflicto.

El acuerdo abre la posibilidad de establecer corredores para la llegada de alimentos, medicinas, combustible y material médico y de emergencia. Garantizar el acceso incondicional y sostenido de la asistencia es condición necesaria para mitigar la crisis sanitaria y nutricional que afecta a centenares de miles de gazatíes.

El alto el fuego incluye la exigencia de retirada de las fuerzas militares que operaban dentro de la Franja. La retirada es condición para que la población recupere espacios de vida cotidiana y para que organizaciones civiles y humanitarias desplieguen su trabajo sin coacción militar permanente.

El acuerdo debe traducirse inmediatamente en un plan concreto de reconstrucción: viviendas, hospitales, escuelas, redes de agua y saneamiento. La rehabilitación debe contar con financiación clara, supervisión internacional y participación local para que permita, de verdad, que los habitantes de Gaza puedan desarrollar una vida digna.

Reconocer estos logros no equivale a renunciar al análisis crítico. El alto el fuego salva vidas y alivia el sufrimiento inmediato, pero su preservación y la transformación de la pausa en una solución duradera dependerán de condiciones políticas, garantías de cumplimiento y compromisos de reconstrucción que por ahora son inciertos.

Iniciemos ese recorrido intentando dar respuesta a dos preguntas: ¿Es el Plan de Trump un Plan? Considerando que llevo más de media vida trabajando entre planes, planes directores, planes estratégicos, agendas u hojas de ruta, debo de decir que estoy muy acostumbrado a que “a cualquier cosa” se le llame “estrategia” o “plan”. Para dar respuesta a esta cuestión vamos a transitar por los requisitos formales de un plan para que este sea creíble. Por otra parte, ¿Estamos ante un Plan de Paz? Bueno, para ello hemos de analizar si responde a aquellos otros objetivos que den respuesta a determinados requisitos de fondo que podemos considerar indispensables para lograr una paz justa, única forma de que esta sea estable y permanente. 

Para que un documento o acuerdo se pueda calificar de “plan” ha de dar respuesta a una serie de requisitos que van más allá de su mera formalidad: 

Ha de apuntar hacia el logro de un objetivo claro y verificable, estableciendo metas temporales y criterios medibles para cada fase.  

Incorporará procedimientos y cronograma, describiendo pasos concretos, responsabilidades y plazos.  

Señalará participantes y mandato legítimo; es decir, identificará actores autorizados para negociar, ejecutar y supervisar.  

Incluirá mecanismos de verificación y cumplimiento: observadores, inspecciones, sanciones y remedios o instrumentos de contingencia ante incumplimientos.  

Fuentes de financiación y gestión económica: presupuesto, condiciones para desembolsos y reglas de transparencia y rendición de cuentas. 

Debe establecer su marco legal y régimen de garantías: acuerdos jurídicos, cláusulas de inmunidad/amnistía cuando proceda y vínculo con el derecho internacional.  

Es muy necesario que incluya un plan de comunicación y aceptación pública: estrategias para legitimar el plan frente a las sociedades afectadas.  

Finalmente, es necesario que incorpore disposiciones de salida y transición: criterios para transferir autoridad y clausurar organismos transitorios.

Para que un documento o acuerdo se pueda calificar de “plan de paz” ha de dar respuesta a otra serie de requisitos, estos más de fondo que de forma. Veamos: 

El Plan debe dar resolución a aquellas causas consideradas estructurales: tratamiento simultáneo de estatus territorial, derechos de refugiados y seguridad.  

El Plan debe dar respuesta a cuestiones de reconocimiento, justicia y reparación, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas, reparaciones materiales y reconocimiento simbólico.  

El Plan ha de garantizar la inclusión política. Es decir, la participación real de las fuerzas y representantes con base social relevante.  

El plan ha de resaltar su equilibrio de incentivos, favoreciendo el establecimiento de medidas que cambien los incentivos de actores armados y políticos para preferir la paz.  

Un Plan para Gaza ha de contener elementos de sostenibilidad económica y social, a través de programas de empleo, servicios y reconstrucción gestionados localmente.  

Finalmente, un Plan de Paz ha de considerar la coordinación regional, esto es, compromisos de los países vecinos y actores regionales indispensables para la implementación.

Estimado lector, querida lectora, valora tú misma o tú mismo si lo presentado por Trump y Netanyahu (y no es baladí quién presenta qué) cumple con estos requerimientos. Como conocedor de los entresijos de la elaboración de una estrategia o de un plan, te propongo que tú misma/o des respuesta a través de una sencilla “Lista de verificación” rápida para evaluar si un documento es un plan de paz: 

1. ¿Define objetivos políticos finales (estatus, reconocimiento) más allá del cese de hostilidades?  

2. ¿Incluye actores palestinos legítimos y representación amplia?  

3. ¿Establece mecanismos independientes de verificación y cumplimiento?  

4. ¿Contempla justicia, reparación y derechos de víctimas?  

5. ¿Vincula ayuda económica a condiciones verificables y gestión local?  

6. ¿Cuenta con garantías y compromisos regionales y multilaterales?

Llegados a este punto, voy a trasladarte mi opinión: 

El documento presenta un conjunto de medidas operativas: alto el fuego, liberación de rehenes, gobierno de transición tecnocrático, desarme de Hamás, entrada masiva de ayuda, creación de una Fuerza Internacional de Estabilización y una ruta posible hacia la autodeterminación palestina.  

El plan fija plazos concretos para hitos inmediatos, como la liberación de rehenes en 72 horas y pasos para la retirada israelí y la transferencia a una autoridad transitoria supervisada internacionalmente.  

El plan propone una Junta de la Paz encabezada por Estados Unidos y la designación de tecnócratas para gobernar Gaza en transición, condicionando la recuperación de la soberanía palestina a reformas previas de la Autoridad Palestina.  

El documento incluye medidas económicas (zona económica especial, plan de desarrollo, ayuda inmediata) y despliegue de fuerzas internacionales para garantizar seguridad y reconstrucción.

¿Es este Plan un plan de paz en sentido pleno?

En mi opinión, el Plan de Trump para Gaza constituye un marco de estabilización y reconstrucción con objetivos medibles y medidas prácticas, pero no cumple los requisitos de fondo que caracterizan a un plan de paz integral y sostenible porque no resuelve las causas estructurales clave, no garantiza mecanismos de justicia y reparación plenamente independientes, ni asegura la inclusión política y legitimidad local necesarias para una paz duradera.

El plan puede ser una herramienta útil para detener la violencia y permitir la reconstrucción urgente; que sea también una vía hacia una paz legítima dependerá de si incorpora justicia, reparación, inclusión política y soluciones sobre estatus y refugiados que no estén condicionadas unilateralmente por poderes externos.

Además, creo firmemente que el plan probablemente no funcionará a medio plazo y ello por las siguientes razones: 

1. Desconfianza estructural que invalida la implementación práctica. La fe mutua entre las partes es insuficiente para sostener un proceso por fases. Años de treguas rotas y violaciones previas convierten cualquier verificación, retirada o reapertura en un gesto frágil sujeto a deshacer con facilidad, lo que reduce drásticamente las probabilidades de cumplimiento sostenido.

2. Diseño sin participación palestina relevante. La ausencia de consulta significativa con actores palestinos clave, incluida la Autoridad Nacional Palestina, socava la legitimidad local de las instituciones transitorias y los mecanismos de gobernanza propuestos. Medidas percibidas como impuestas desde fuera están condenadas a generar rechazo, paralización o paralelos de poder alternativos.

3. Desarme y exclusión política de Hamás inasumibles en la práctica. Condicionar la paz al desarme total y a la exclusión absoluta de Hamás convierte el acuerdo en una demanda de rendición que el movimiento y su base social difícilmente aceptarán. Esa imposición crea incentivos estructurales para el incumplimiento, la resistencia encubierta o el sabotaje del proceso en cuanto se debilite la supervisión externa.

4. Presiones políticas internas en Israel que amenazan el cumplimiento. La composición política israelí incorpora fuerzas que rechazan concesiones y desconfían de supervisión internacional. Esos actores pueden bloquear leyes, frenar retiradas u ordenar operaciones unilaterales que fracturen las fases del plan, transformando compromisos formales en señales fluctuantes e impredecibles.

5. Mecanismos internacionales sin garantías operativas creíbles. Consejos, juntas y fuerzas internacionales propuestos no constituyen garantías militares y operativas robustas sobre el terreno. Frente a incidentes tácticos, la ausencia de un protocolo de contención efectivo aumenta el riesgo de escalada y reduce la capacidad de preservar la ventana de calma prometida.

6. Incentivos económico-reconstructivos insuficientes ante la amenaza de nueva violencia. La promesa de reconstrucción y crecimiento no neutraliza la percepción de inseguridad. Donantes e inversores rehúyen compromisos significativos en contextos políticamente volátiles, lo que limita recursos y hace que la ayuda quede por debajo de lo necesario para crear expectativas positivas duraderas entre la población.

Alegato final

El alto el fuego es un logro humanitario imprescindible que exige reconocimiento inmediato, pero no puede ser el final del relato. Convertir la pausa en paz requiere voluntad política, justicia efectiva y participación popular: sin reparación, sin garantías de derechos y sin inclusión política, la calma será solo el preludio de nuevas heridas.

La comunidad internacional, las autoridades israelíes y los representantes palestinos tienen la obligación moral y práctica de transformar la tregua en un proceso verificable: cronogramas claros, supervisión independiente, responsabilidades jurídicas, financiación condicionada a resultados y mecanismos reales para la participación y la rendición de cuentas. La reconstrucción debe empezar ya, con control local y transparencia, y no como moneda de cambio para subordinaciones políticas.

Ignorar estas exigencias equivaldría a aceptar que el “alto el fuego” se convierta en un “alto a la paz”: una pausa que congela la violencia, pero perpetúa las causas que la generan. Si queremos que esta tregua sea el inicio de algo duradero, hay que decidir hoy que la calma no será una excusa para el olvido.