8 balas a la democracia en Colombia

El mundo volvió a estremecerse ante una nueva tragedia política en Colombia: un adolescente disparó a sangre fría contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026. El atentado es una forma de intolerancia radical que, si no se enfrenta, destruye la base misma de la convivencia democrática.

Uribe Turbay, que aún no cumple 40 años, carga con un legado familiar profundamente marcado por la violencia que ha desgarrado a Colombia durante casi siete décadas. Nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de Diana Turbay, periodista secuestrada y asesinada en los años más oscuros de la guerra contra el narcotráfico, Miguel ha llevado la política en la sangre desde siempre. Hoy, su nombre se suma a la larga lista de víctimas del conflicto y de un país que parece empeñado en repetir su historia.

El ataque, perpetrado por el joven armado, no es solo un atentado contra una figura pública: son ocho balas directas contra la democracia. En lugar de avanzar hacia la tan prometida "Paz Total", Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, retrocede. Aumentan la pobreza, la violencia y la impunidad, mientras los grupos armados y organizaciones criminales se fortalecen.

Los datos de InsightCrime confirman este retroceso: los acuerdos para reducir los enfrentamientos entre guerrillas y las Fuerzas Armadas han resultado ineficaces. El ELN ha reanudado los secuestros extorsivos como fuente de financiación, y la ruptura del cese al fuego con el Estado Mayor Central tras el asesinato de una líder indígena ha generado fracturas internas en las negociaciones de paz.

Violencia estructural cada vez más compleja

Como consecuencia, los enfrentamientos armados y los controles ilegales han provocado desplazamientos forzados, confinamientos y un profundo deterioro del tejido social en múltiples regiones del país. La influencia territorial de los grupos criminales crece ante un Estado ausente o débil, incapaz de proteger a las comunidades civiles, que siguen siendo víctimas del fuego cruzado entre mafias, disidencias y guerrillas.

La lucha por el control del narcotráfico y las rentas ilícitas sigue alimentando una violencia estructural cada vez más compleja. Colombia atraviesa una nueva fase del conflicto armado, marcada por consecuencias humanitarias devastadoras y por un gobierno más ocupado en preservar el poder que en proteger a su gente.

Las imágenes de la costa son un duro ejemplo —donde era costumbre tomar el fresco en la puerta de la casa, entre vecinos y brisa— hoy parecen escenas de realismo mágico. En Colombia ya no se vive: se sobrevive, se resiste, se encierra uno tras cerrojos, cercado por el miedo. No quiero parecer pesimista, pero la realidad es así de dura.

Respiro económico

En lo económico, los datos del Banco Mundial ofrecen un respiro tibio: la economía colombiana creció un 1,7 % en 2024 tras un magro 0,7 % en 2023, impulsada por el consumo privado y una leve recuperación de la inversión. La pobreza retrocedió apenas al 31,3 %, aunque las desigualdades regionales siguen siendo profundas. Se proyecta un crecimiento del 2,4 % en 2025 y de hasta 2,9 % para 2027. Sin embargo, estas cifras económicas contrastan con la creciente inseguridad y el debilitamiento institucional.

Mientras Colombia pierde el terreno ganado en materia de seguridad y estabilidad democrática, en países vecinos se presentan narrativas opuestas. Javier Milei, durante su reciente visita a España y participación en el Madrid Economic Fórum, presume de una economía en recuperación, con inflación a la baja, mayor control del gasto público y un discurso de orden: “el que la hace, la paga”. Y aunque sus métodos y formas dividen opiniones, su discurso contrasta con el caos institucional colombiano.

En Colombia, en cambio, el poder parece estar al servicio del caudillismo. Petro, aún con su pasado guerrillero a cuestas, parece más enamorado del poder que comprometido con el cambio. “El poder presidencial es el poder del pueblo”, repite. Pero es precisamente ese pueblo el que hoy repudia el atentado contra Miguel Uribe, símbolo de una democracia herida.

Porque cuando un joven dispara contra un candidato, no solo apunta contra una persona, sino que hiere el derecho a elegir, silencia el debate y mutila la esperanza de un país que ya apenas se atreve a soñar con la paz.

Una treintena de líderes mundiales han alzado su voz para condenar el atentado, no solo como un acto de violencia política, sino como una afrenta contra la libertad misma y, quienes vivimos fuera, los colombianos esparcidos por el mundo, sentimos que una de esas balas no solo alcanzó a un cuerpo, sino que perforó el corazón de nuestras familias, de nuestra democracia herida, de nuestra querida Colombia. Como un día reseñara Gabo, “Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida.” Hay que vivir para contarla. Defendamos ese derecho primordial del ser humano. @mundiario