La violencia persiste en Colombia y amenaza a los derechos humanos
Grupos no estatales y organizaciones criminales son los principales responsables de la continuación de la violencia.
El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia observa que en 2023 hubo “una disminución en algunos indicadores de la violencia”. Según el texto, persisten graves preocupaciones respecto a la expansión territorial y las estrategias violentas de control social ejercidas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales en el país. Se destaca que estas acciones continúan poniendo en riesgo tanto la vida física como la pervivencia cultural de varios grupos étnicos y procesos organizativos históricos en el país.
En cuanto a las masacres, el informe revela un incremento del 6,5% en comparación con el año anterior, con un total de 320 víctimas, siendo los departamentos más afectados Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Se resalta que el 93% de las masacres verificadas fueron atribuidas a grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
El documento también hace hincapié en la violencia contra las mujeres, documentando casos de violencia sexual, trata con fines de explotación sexual y feminicidios perpetrados por estos grupos armados. Además, se señala la situación de vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ frente a amenazas, desplazamientos y violencia por su orientación sexual o identidad de género.
Niños en el conflicto armado
En relación con los derechos de los menores, se verificaron 134 casos de reclutamiento o utilización de niños y niñas en el conflicto armado, de los cuales el 75% correspondían a víctimas pertenecientes a pueblos étnicos.
A pesar de una ligera disminución en los homicidios de defensores de derechos humanos, el informe subraya la persistencia de la violencia contra ellos, con 233 alegaciones de homicidios recibidas, de los cuales se verificó el vínculo con su labor en 105 casos.
La violencia de la fuerza pública también fue objeto de atención en el informe, con 37 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida, de las cuales 30 fueron verificadas.
El Alto Comisionado hace un llamado a fortalecer la capacidad institucional y desplegar una presencia integral del Estado en puntos estratégicos del país para mejorar la protección de la población civil y garantizar el respeto de los derechos humanos en Colombia. @mundiario
