Venezuela y la política de las puertas entreabiertas
Durante una semana, en Venezuela ocurrió algo poco habitual: varias puertas de prisión se abrieron. Cerca de 90 personas consideradas presas políticas recuperaron la libertad, según organizaciones de derechos humanos, aunque el Gobierno eleva la cifra sin aclarar criterios ni nombres. Para quienes volvieron a casa, el reencuentro fue una escena casi irreal. Padres con nietos que no conocían, hijas que crecieron mientras sus progenitores estaban encerrados, matrimonios rotos por el tiempo y el miedo. Sin embargo, esa imagen luminosa convive con otra mucho más oscura: decenas de familiares siguen durmiendo frente a las cárceles esperando que la próxima lista no sea un rumor más.
Una liberación que no es casual
Estas excarcelaciones no pueden leerse como un giro espontáneo hacia el respeto de derechos. En Venezuela, la prisión política funciona como un interruptor que se enciende y se apaga según convenga al poder. El momento no es inocente. Tras unas elecciones presidenciales cuestionadas en 2024 y un aumento de la presión internacional, el Gobierno opta por aliviar parcialmente la tensión sin desmontar el sistema represivo. Se libera a algunos, pero se mantiene a la mayoría. Según las ONG, apenas un 10 % de los casi 900 presos políticos ha salido de prisión.
El perfil de los excarcelados también ofrece pistas. Han salido periodistas, activistas, opositores visibles y ciudadanos extranjeros, un grupo especialmente sensible en términos diplomáticos. En cambio, los militares críticos siguen dentro. No es un detalle menor. El mensaje es claro: se puede negociar con el exterior, pero no se tolera ninguna fisura interna en las fuerzas armadas. La cárcel, en este contexto, no castiga delitos, sino disidencias.
El castigo que alcanza a la familia
Uno de los rasgos más inquietantes de esta política es el castigo extendido. No solo se encarcela al señalado, también a su entorno. Hijos, parejas o hermanos terminan pagando el precio de una denuncia o una opinión. Es una forma de disuasión eficaz y profundamente injusta. Cuando una madre duerme en la acera frente a El Helicoide, no está protestando solo por su hijo preso, está enfrentándose a un Estado que utiliza el miedo como lenguaje cotidiano.
Los periodistas liberados ilustran bien este mecanismo. Informar sobre robos, corrupción o abusos se convierte en una amenaza al orden. La acusación de “incitar al odio” funciona como un cajón de sastre que criminaliza el derecho a contar lo que ocurre. La prisión preventiva, prolongada durante meses o años, hace el resto.
Puertas entreabiertas no son justicia
La excarcelación es un alivio humano incuestionable, pero no puede confundirse con justicia ni con reconciliación. Mientras haya presos por opinar, denunciar o informar, la herida seguirá abierta. Liberar selectivamente es como aflojar una cuerda que sigue al cuello. El reto real pasa por desmontar la lógica que convierte la cárcel en moneda de cambio y por devolver a la ley su función básica: proteger a la ciudadanía, no disciplinarla.
Celebrar las salidas es legítimo. Conformarse con ellas, no. Venezuela necesita verdad, garantías y un sistema que no dependa del humor del poder para decidir quién duerme en casa y quién no. Solo entonces dejará de ser noticia que una puerta se abra. @mundiario
