Venezuela intervenida: el giro que reconfigura el poder hemisférico
En apenas una semana, Venezuela pasó de un régimen autoritario atrincherado a un país intervenido militarmente y sometido a una supervisión directa de Washington. Todo comenzó la noche del 3 de enero, cuando Donald Trump, desde su residencia de Mar-a-Lago, dio luz verde a una operación de ataque quirúrgico contra instalaciones estratégicas en Caracas. A las 2.01 de la madrugada, un dispositivo aéreo sin precedentes en la región —152 aeronaves entre cazas, bombarderos y helicópteros— golpeó las principales bases militares venezolanas.
El asalto culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el complejo conocido como Casa de los Pinos. El operativo Delta Force, planificado durante meses y apoyado por información de inteligencia infiltrada en el círculo más estrecho del chavismo, logró su objetivo sin bajas estadounidenses. La pareja presidencial fue trasladada en cuestión de horas al portaviones Iwo Jima, luego a Guantánamo y finalmente a Nueva York, donde ahora esperan juicio por cargos vinculados al narcotráfico.
Delcy Rodríguez, presidenta por necesidad
El vacío de poder desató una cascada de decisiones en Caracas. La Sala Constitucional, amparándose en un decreto firmado por Maduro antes de su captura, ordenó a Delcy Rodríguez asumir la presidencia provisional. El mensaje inicial fue ambiguo: denuncia del “secuestro” del mandatario, defensa de la soberanía y, al mismo tiempo, una invitación expresa a Estados Unidos para abrir una agenda de cooperación.
Rodríguez se esforzó por proyectar una imagen de continuidad institucional en un país en shock. Nombramientos acelerados, purgas internas y la reestructuración de cuerpos militares clave evidenciaron que el chavismo buscaba blindarse ante la incertidumbre. El episodio más delicado fue la destitución y arresto del general Javier Marcano, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, acusado de fallas gravísimas en los sistemas de protección del Ejecutivo.
Un juicio con réplicas políticas
En Nueva York, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y denunció una captura ilegal. Su comparecencia, cargada de dramatismo, se convirtió en un espectáculo mediático global. El Departamento de Justicia estadounidense sostiene cuatro cargos graves por narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en EE.UU, en un proceso que se perfila como uno de los juicios más mediáticos del siglo.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional venezolana se instaló para un nuevo periodo bajo una mayoría chavista hegemónica. La oposición, reducida y desarticulada, denunció persecución política y la detención de nuevos disidentes incluso en plena transición.
Trump impone el ritmo de la transición
Con la operación militar consolidada, Washington movió ficha para definir los siguientes pasos. Trump presentó un plan en tres fases: estabilización, recuperación económica y, solo al final, un proceso electoral. El presidente estadounidense dejó claro que no contempla comicios a corto plazo y que la nueva administración venezolana está “cumpliendo con las expectativas”.
La Casa Blanca designó a Marco Rubio como figura clave para tutelar el proceso. Entre bambalinas, Rubio ha asumido un papel equivalente a un supervisor especial, gestionando la interlocución con Caracas y supervisando decisiones estratégicas.
Pese a ello, la operación militar recibió el primer revés interno: cinco senadores republicanos se sumaron a los demócratas para limitar futuras acciones bélicas sin autorización del Congreso. Un toque de atención que evidencia que el consenso político sobre Venezuela está lejos de ser unánime.
Liberaciones selectivas y concesiones calculadas
Para rebajar tensiones internacionales, el nuevo Gobierno venezolano anunció la excarcelación de un número limitado de presos políticos y extranjeros. Entre los liberados figuraron el exvicepresidente del CNE Enrique Márquez y la activista Rocío San Miguel, un gesto simbólico más que un giro real en materia de derechos humanos, pues el volumen total de excarcelaciones no llegó siquiera a la veintena en los primeros días.
El petróleo, eje del nuevo orden
El episodio más revelador llegó el 9 de enero. Trump se reunió en la Casa Blanca con dos docenas de las mayores petroleras del mundo para explorar una inyección de 100.000 millones de dólares destinada a reconstruir la devastada industria petrolera venezolana. Las compañías, escaldadas por las nacionalizaciones de 2007, reclamaron garantías jurídicas y estabilidad. Washington respondió ofreciendo “seguridad”, una palabra que generó más preguntas que certezas sobre el tipo de respaldo que el Gobierno de EE UU está dispuesto a proporcionar.
En paralelo, buques estadounidenses interceptaron varios petroleros supuestamente involucrados en contrabando. Uno de ellos navegaba con una bandera rusa pintada sobre el casco. Trump aseguró que Caracas ya prometió la entrega de hasta 50 millones de barriles como muestra de buena voluntad, un gesto que confirma la existencia de una negociación energética profunda entre ambas capitales.
Una nueva etapa, misma incertidumbre
La intervención estadounidense ha frenado súbitamente la deriva autoritaria de Caracas, pero ha abierto un periodo de tutelaje cuyo alcance real aún es incierto. Venezuela sigue sin un horizonte electoral claro, con un Gobierno interino cuya legitimidad depende tanto de la élite chavista como de Washington, y con la mayor reserva de petróleo del mundo nuevamente en el centro de una disputa internacional.
Siete días bastaron para hacer añicos el statu quo. Lo que ocurra en los próximos meses determinará si el país se encamina hacia una transición genuina o hacia un protectorado geopolítico sin fecha de caducidad. @mundiario
