Veinticinco países rompen el silencio: Israel debe parar

Lo que ocurre en Gaza no es una guerra convencional, y ni siquiera puede seguir describiéndose con los eufemismos que algunos gobiernos y medios emplean para evitar llamar a las cosas por su nombre. Lo que está en marcha es una ofensiva sostenida donde la muerte no solo llega por el fuego cruzado, sino también por el colapso total de la vida civil.

Así lo han expresado 25 países en una carta que, pese a no tener efectos jurídicos sobre Israel, sí plantea una evidente fractura en el discurso occidental. Porque no se trata únicamente de condenar las acciones de Hamás —ya ampliamente condenadas—, sino de señalar con claridad que Israel está violando principios básicos del derecho internacional humanitario, en particular el que impide utilizar el hambre como método de combate.

Cerca de 900 personas han muerto en las últimas semanas intentando acceder a puntos de reparto de comida. No hablamos de víctimas colaterales de un bombardeo, sino de personas —en su mayoría mujeres, niños y ancianos— que murieron por querer sobrevivir. Y es precisamente esta imagen, tan desgarradora como políticamente incómoda, la que ha hecho reaccionar a un conjunto de países, algunos tradicionalmente alineados con las posiciones de Tel Aviv.

La declaración es contundente en sus términos: denuncia una ayuda “a cuentagotas”, el “uso inhumano del hambre” y una distribución de alimentos que “alimenta la inestabilidad y priva de dignidad a los gazatíes”. Todo ello, bajo un sistema logístico promovido por Israel y EE UU, pero que Naciones Unidas ha criticado por su falta de neutralidad, eficacia y transparencia. No estamos ante un simple error operativo, sino ante una estrategia calculada para controlar a una población entera por medio del desabastecimiento.

El hecho de que países como Francia, Reino Unido, Canadá o Japón —habitualmente cautos en este tipo de comunicados— firmen esta declaración junto a España y otras naciones europeas, da cuenta del punto de saturación al que se ha llegado. También se han sumado países históricamente aliados de EE UU, como Australia o Nueva Zelanda. Pero ni Estados Unidos ni Alemania —dos de los principales valedores del actual Gobierno israelí— han estampado su firma. Un silencio que pesa.

Por otra parte, la carta pide también la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás el 7 de octubre de 2023, un punto imprescindible para cualquier salida negociada al conflicto. Pero esa exigencia, aunque justa, no puede seguir usándose como excusa para justificar una política de castigo colectivo sobre dos millones de personas.

Mientras se firma esta carta, Israel ha iniciado una nueva incursión terrestre en Deir al Balah, en el centro de la Franja, hasta ahora fuera del radio de acción terrestre del ejército. Esa zona servía de refugio a miles de desplazados. Tras las órdenes de evacuación, más de 1.000 familias han huido del lugar. La ONU estima que el 87,8% del territorio de Gaza está ya bajo órdenes de desplazamiento forzoso o directamente militarizado. El resultado: 2,1 millones de personas comprimidas en apenas el 12% del territorio, sin agua potable, sin electricidad, sin alimentos suficientes, sin seguridad y sin esperanza.

El mundo occidental, el mismo que enarbola la bandera de los derechos humanos en foros internacionales, no puede continuar mirando hacia otro lado. Si 25 países alzan ahora la voz es porque lo que ocurre en Gaza ya no se puede blanquear ni justificar bajo la retórica de la “legítima defensa”. Estamos ante una estrategia sostenida de destrucción de una sociedad civil entera.

La carta de estos 25 países no detendrá la guerra, ni aliviará el sufrimiento inmediato de los gazatíes. Pero marca un cambio de tono. Una grieta en la narrativa dominante. Y, quizás, sea el primer paso para que los gobiernos, la diplomacia y la ciudadanía exijan algo más que comunicados: exijan acciones. Porque, como dice el viejo principio humanitario, cuando el pan se convierte en un arma, el silencio se vuelve cómplice. @mundiario