Trump retira la escolta a Kamala Harris: ¿venganza política?
Tradicionalmente, los exvicepresidentes reciben protección del Servicio Secreto durante seis meses tras abandonar el cargo. Joe Biden, siguiendo esta práctica, extendió la escolta de Kamala Harris hasta enero de 2026. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha decidido poner fin a esa protección a partir del 1 de septiembre de 2025, justo antes de que Harris inicie una gira nacional para promocionar su libro 107 Days.
La decisión ha sorprendido porque, aunque legalmente Trump puede revocar esta protección, lo habitual es respetar el período de seguridad ampliado por la administración saliente. No se trata solo de un protocolo: la escolta protege frente a amenazas concretas. Harris, primera mujer y primera persona afroamericana en ocupar la vicepresidencia, ha sido objeto de amenazas graves durante su mandato, algunas de ellas motivadas por su raza y género. Retirar su protección justo antes de un viaje público no deja de ser polémico.
Política y retaliación: un patrón reconocido
Esta no es la primera vez que Trump elimina la protección del Servicio Secreto a antiguos funcionarios o familiares de Biden. Exasesores como John Bolton, Mike Pompeo o incluso los hijos del expresidente recibieron la misma medida. Muchos analistas ven en estas decisiones un patrón de represalias políticas, que convierte la seguridad personal en una extensión del juego partidista.
Sin embargo, también hay quien argumenta que no se han detectado amenazas inmediatas que justifiquen mantener la escolta más allá de lo establecido por ley. Esta interpretación legalista intenta justificar la medida como un simple cumplimiento normativo, aunque ignora la dimensión política y simbólica que tiene para la oposición y la ciudadanía.
Consecuencias y reflexiones
La retirada de la escolta obliga a Harris a reorganizar su seguridad, algo que puede implicar costes elevados si recurre a protección privada. Además, abre una discusión más amplia sobre cómo la seguridad de los exmandatarios puede quedar condicionada por la confrontación política. Una posible solución sería establecer criterios claros y autónomos para la protección de expresidentes y vicepresidentes, evitando que decisiones unilaterales generen riesgos o polémicas innecesarias.
Más allá del debate político, lo que está en juego es la seguridad personal y el respeto a tradiciones institucionales que fortalecen la estabilidad democrática. Si EE UU quiere preservar la integridad de sus líderes y exlíderes, estas decisiones no deberían depender de rivalidades personales ni de estrategias electorales. @mundiario
