Donald Trump se propone dirigir Venezuela durante una "transición segura"

La comparecencia de Donald Trump tras el ataque militar a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro ha despejado cualquier duda sobre el alcance real de la operación: Estados Unidos no se limita a detener a un dirigente acusado de narcotráfico, sino que asume explícitamente la dirección del país hasta que se configure una “transición justa y ordenada”. Es una afirmación de enorme calado político y simbólico, que sitúa el futuro venezolano bajo tutela directa de Washington.

Trump ha hablado desde Mar-a-Lago con un tono de victoria y control. Ha confirmado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, viajan ya hacia Nueva York para ser juzgados por delitos de narcotráfico, posesión de armas y conspiración armada, según la acusación presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El escrito judicial no se limita al expresidente venezolano: incluye a figuras centrales del chavismo, como Diosdado Cabello, así como a su entorno familiar y a dirigentes del crimen organizado. El mensaje es claro: no se trata de un relevo político convencional, sino de una operación de descabezamiento total del régimen.

Desde el punto de vista de la justicia penal, el caso plantea pocas dudas en Washington. La acusación describe a Maduro como un dirigente que habría utilizado el Estado venezolano como plataforma para el narcotráfico y la violencia armada. Para Trump, el proceso judicial refuerza la legitimidad de la intervención. Para buena parte de la comunidad internacional, en cambio, vuelve a abrir el debate sobre hasta qué punto la persecución de delitos graves puede justificar una acción militar y la asunción del control político de un país soberano.

La oposición venezolana ha reaccionado con entusiasmo. María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y principal referente del antichavismo, ha celebrado que Estados Unidos haya “hecho valer la ley” tras el fracaso de cualquier salida negociada. Su afirmación de que están “preparados para tomar el poder” refleja años de espera y frustración. Sin embargo, también revela una dependencia incómoda: la transición que se anuncia no nace de un acuerdo interno ni de un proceso electoral, sino de una decisión tomada en Washington.

Ahí reside la paradoja central del momento. La caída de Maduro era una aspiración compartida por amplios sectores de la sociedad venezolana y por numerosos gobiernos occidentales. Pero la forma en que se ha producido –bombardeos, captura extraterritorial y anuncio de una administración provisional estadounidense– introduce un factor de fragilidad política. Una transición dirigida desde fuera puede acelerar ciertos cambios, pero también comprometer su legitimidad y alimentar resistencias internas y regionales.

Trump ha dejado abierta la posibilidad de respaldar a Machado como figura clave del nuevo ciclo, pero sin comprometerse. Esa ambigüedad refuerza la idea de que, al menos en esta fase, el centro de decisiones no está en Caracas, sino en la Casa Blanca. Venezuela entra así en una etapa en la que su reconstrucción política dependerá tanto de sus actores internos como de los cálculos estratégicos de Estados Unidos.

La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de intervenciones justificadas en nombre del orden, la seguridad o la democracia, cuyos resultados fueron, como mínimo, discutibles. El reto ahora es evitar que la salida de Maduro desemboque en una nueva forma de dependencia o inestabilidad. La promesa de una “transición justa y ordenada” suena razonable; la cuestión es quién define qué es justo, qué es ordenado y cuándo termina realmente el control externo. En esa respuesta se juega no solo el futuro de Venezuela, sino la credibilidad de un nuevo orden internacional que vuelve a tensar los límites del derecho y la soberanía. @mundiario