La guerra de Kosovo: el expresidente Thaçi se desvincula de los crímenes en su juicio
El juicio contra Hashim Thaçi, expresidente de Kosovo, ha entrado en una fase crucial con el inicio de la presentación de pruebas de la defensa. Thaçi enfrenta 10 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos persecución, asesinato y desapariciones forzadas de prisioneros durante la guerra de 1998-1999. Su equipo jurídico insiste en que, aunque era una figura política relevante, no tenía poder real de decisión dentro del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), lo que limitaría su responsabilidad de mando.
El primer testimonio de la defensa fue el de James Rubin, exsubsecretario de Estado de EE UU, quien participó en las negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo a finales de los noventa. Rubin describió a Thaçi como el rostro político de la insurgencia, un interlocutor necesario para Occidente, pero no un comandante con capacidad de ordenar operaciones militares. Según su relato, los comandantes del ELK eran quienes definían las estrategias en el campo de batalla y quienes instruían a Thaçi sobre qué debía hacer o comunicar.
Rubin, que compartió reuniones y conversaciones prolongadas con Thaçi durante aquel periodo, afirmó que Washington veía en él a un “moderado” con potencial de abrir canales diplomáticos y evitar un mayor derramamiento de sangre. Esta caracterización se ha convertido en el eje central de la estrategia de defensa: mostrar a Thaçi como un negociador y no como un dirigente que podía prevenir o sancionar las atrocidades cometidas por los combatientes del ELK.
Luca Misetic, abogado principal del exmandatario, presentó además grabaciones y documentos para ilustrar que su cliente necesitaba siempre el aval de los comandantes militares para tomar decisiones de importancia. Rubin corroboró esta visión al insistir que Thaçi carecía de los conocimientos y capacidades para dirigir operaciones. “No estaba a cargo; reflejaba el movimiento, pero no lo dirigía”, declaró el diplomático ante el tribunal.
El proceso judicial, que se desarrolla en el Tribunal Especial para Kosovo en La Haya, busca establecer si Thaçi y otros tres altos cargos del ELK fueron responsables directos o indirectos de abusos cometidos contra prisioneros en instalaciones en Kosovo y Albania. La Fiscalía argumenta que, como líderes políticos y militares de alto rango, tenían responsabilidad de mando y que los crímenes fueron parte de una campaña sistemática.
El contexto histórico añade complejidad al caso: la guerra de Kosovo dejó más de 13.000 muertos y forzó la intervención de la OTAN. Occidente, incluida la Administración del expresidente estadounidense Bill Clinton, consideraba a Thaçi un aliado clave para poner fin a lo que temían que se convirtiera en un “genocidio contra los albanokosovares”. Este apoyo internacional es utilizado por la defensa como argumento para sugerir que no existían pruebas concluyentes de su implicación directa en crímenes, pues de lo contrario, afirman, no habría contado con tal respaldo.
Thaçi, que se declaró inocente en 2020 al dimitir de la presidencia para enfrentar el proceso, sostiene que su prioridad siempre fue alcanzar un acuerdo que asegurara la seguridad de la población kosovar. Rubin, en su testimonio, reforzó esta visión al afirmar que Thaçi buscaba una salida negociada y que su papel se asemejaba al de un “ministro de Exteriores” más que al de un líder militar.
El juicio también abarca a Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, otras figuras de peso del ELK y de la política kosovar, acusadas de crímenes similares. La fase de la defensa será determinante para definir si el tribunal considera que el liderazgo político del ELK fue meramente representativo o si ejerció control efectivo sobre las decisiones militares que derivaron en las atrocidades juzgadas.
Sin embargo, los fiscales no están de acuerdo y sostienen que la dirección de la KLA tenía un control efectivo sobre quienes cometieron los crímenes. El Tribunal Especial forma parte del sistema judicial de Kosovo, pero está ubicadas en La Haya con un equipo internacional para garantizar procesos justos tras problemas de intimidación a testigos en casos anteriores relacionados con la ELK. Muchos albaneses étnicos y simpatizantes de la milicia insisten en que los procedimientos han sido injustos.
Antes de que comenzara la fase de la defensa, cientos de albaneses étnicos y veteranos de la KLA de toda Europa y Estados Unidos organizaron el domingo en La Haya una manifestación de protesta, exigiendo la liberación de los cuatro acusados. @mundiario