Tanzania se sumerge en la represión: el Gobierno acusa de traición a 98 manifestantes
La Fiscalía imputa a un centenar de personas después de que estallaran las protestas contra el fraude en las elecciones, mientras la oposición y organizaciones civiles denuncian una brutal represión con más de un millar de muertos.
El Gobierno de Tanzania ha llevado ante los tribunales a 98 ciudadanos acusados de traición por su presunta implicación en las protestas que siguieron a las elecciones generales del 29 de octubre. Los disturbios, desatados por la exclusión de los principales líderes opositores, se saldaron con una represión violenta que, según la oposición, habría causado más de mil muertos.
La presidenta Samia Suluhu Hassan, proclamada ganadora con el 98 % de los votos y una participación oficial del 87 %, enfrenta ahora una de las mayores crisis de legitimidad desde su llegada al poder. La Unión Africana (UA) ha cuestionado la transparencia del proceso, al constatar irregularidades que van desde la manipulación de urnas hasta el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la prensa internacional, la Fiscalía sostiene que los acusados “tuvieron la intención de obstruir las elecciones generales de 2025 con el propósito de intimidar al Gobierno” y causar daños a propiedades estatales. Ninguno de los procesados sería una figura pública ni miembro destacado de la oposición.
El Ejecutivo insiste en que las protestas fueron organizadas por “delincuentes y algunos extranjeros” con el fin de desestabilizar el país. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a publicar cifras oficiales sobre víctimas, desaparecidos o heridos, lo que ha alimentado las sospechas de encubrimiento y ha exacerbado la indignación social.
La represión denunciada por la sociedad civil
Siete organizaciones civiles tanzanas, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos y Legales (LHRC), han denunciado ante la comunidad internacional “el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados” y “ejecuciones sumarias” como represalia tras los comicios.
En muchas regiones del país, las familias siguen buscando a sus desaparecidos. En Mwanza, una de las zonas más castigadas, Amos Ntobi, secretario del partido opositor Chadema, aseguró que “había cuerpos en todas las calles, algunos murieron instantáneamente, otros quedaron gravemente heridos”.
La exclusión de los líderes opositores Tundu Lissu (Chadema) y Luhaga Mpina (Wazalendo) marcó el inicio del estallido. Lissu fue encarcelado bajo cargos de traición tras exigir una reforma electoral, mientras que Mpina fue descalificado por motivos administrativos en su candidatura. Con ambos fuera de la contienda, Suluhu Hassan no tuvo oposición real en las urnas.
En su primer año de mandato, tras la muerte del presidente John Magufuli en 2021, Suluhu había intentado proyectar una imagen reformista: liberó a presos políticos y permitió el regreso de exiliados. Sin embargo, a medida que se acercaban los comicios, su Gobierno volvió a endurecer el control político, siguiendo la línea autoritaria del histórico Chama Cha Mapinduzi (CCM), en el poder desde 1977.
La comunidad internacional alza la voz
El informe de observación electoral de la Unión Africana (UA) denunció graves violaciones democráticas: manipulación de urnas, censura digital, detenciones arbitrarias y uso de la fuerza contra civiles. A pesar de ello, el Gobierno tanzano ha rechazado todas las acusaciones y defiende que las elecciones fueron “libres y transparentes”.
Sin embargo, la creciente presión internacional y el deterioro interno amenazan con aislar aún más a Tanzania. El obispo Benson Bagonza, figura influyente de la iglesia evangélica luterana, advirtió de que el Ejecutivo debe “solidarizarse con el pueblo en lugar de arrestar y llevar a la gente”.
El caso de las 98 personas acusadas de traición simboliza una deriva autoritaria que podría tener graves consecuencias para la estabilidad de Tanzania y para la credibilidad democrática del continente africano. Mientras el Gobierno insiste en que defiende el orden constitucional, las denuncias de ejecuciones, desapariciones y fraude electoral pintan un panorama desolador.
La presidenta Suluhu enfrenta un dilema: abrir un proceso de reconciliación nacional o profundizar en la represión. La decisión que tome determinará no solo su futuro político, sino el destino de una nación que hoy clama justicia, verdad y libertad. @mundiario
