El Supremo de EE UU bloquea la ley de DeSantis: Florida no podrá aplicar una nueva norma antimigrante
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este miércoles no permitir, por ahora, que Florida implemente su nueva ley migratoria, lo que mantiene vigente la decisión de un tribunal inferior que suspendió la aplicación de la medida. La ley, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis y aprobada por la legislatura estatal de mayoría republicana, impone sanciones penales a inmigrantes en situación irregular que entren o reingresen al estado, en lo que ha sido calificado por críticos como un intento estatal de asumir funciones reservadas al Gobierno federal.
El alto tribunal rechazó sin disidencias la solicitud de la fiscalía general de Florida para levantar la suspensión dictada en abril por la jueza federal Kathleen Williams. Esta medida cautelar fue solicitada por dos migrantes indocumentados y dos organizaciones no lucrativas, quienes demandaron al estado por considerar que la ley, conocida como SB 4-C, es inconstitucional. La negativa del Supremo a intervenir permite que la orden de bloqueo siga vigente mientras se resuelve la disputa en las instancias inferiores.
La legislación en cuestión criminaliza el ingreso o reingreso al estado de Florida por parte de personas que se encuentran ilegalmente en EE UU al establecer que tales actos constituyen delitos menores. Además, la ley faculta a las fuerzas del orden estatales y locales para detener y procesar a estas personas.
El gobierno de DeSantis defendió la norma como una medida para “proteger a la Florida” de la inmigración ilegal y argumenta que solo busca reforzar las leyes federales ya existentes. La fiscalía estatal alegó ante el Supremo que la ley está alineada con las disposiciones federales sobre ingreso y reingreso, replicando los mismos estándares que el Gobierno central aplica.
Sin embargo, el argumento fue desestimado tanto por la jueza Williams como por un tribunal de apelaciones, que el mes pasado negó suspender el bloqueo impuesto en abril. Para la magistrada, la norma "probablemente" viola la Constitución, al invadir competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria y abrir la puerta a detenciones arbitrarias sin debido proceso.
La posición del Supremo: un silencio con mensaje
Aunque el alto tribunal no ofreció fundamentos detallados en su breve resolución de una línea, su rechazo unánime y sin opiniones disidentes sugiere una disposición a mantener el principio constitucional que reserva al gobierno federal el control sobre la política migratoria. Esta postura se alinea con precedentes judiciales que han limitado los intentos estatales de legislar en esta área, como ocurrió en el caso de Arizona en 2012, que también intentó criminalizar a los migrantes indocumentados que buscaban trabajo.
El caso de Florida se encuentra aún en desarrollo y está previsto que la cortede apelaciones escuche los argumentos orales en octubre, tras haber acelerado el calendario del caso dada su relevancia constitucional.
Además, el proceso ha estado marcado también por un choque directo entre el poder judicial y el fiscal general del estado, James Uthmeier. Después de que la jueza Williams ordenara notificar a todas las agencias policiales sobre la suspensión de la ley, Uthmeier fue hallado en desacato civil al enviar una carta contradictoria en la que sugería que no existía un mandato legal que les impidiera hacer cumplir la norma.
Williams fue contundente en su respuesta: “cuando se le instruye que informe a las agencias del orden que no pueden aplicar una ley suspendida, no puede decirles lo contrario”. El tribunal ordenó al fiscal presentar informes quincenales sobre cualquier aplicación indebida de la ley durante su suspensión..
El caso de la ley SB 4-C es solo una expresión más del intenso debate nacional sobre el papel de los estados en la regulación migratoria, un ámbito tradicionalmente reservado a Washington y que desempeñó un papel clave en la obstrucción de algunas políticas del expresidente Joe Biden. Actualmente, la Administración Trump ha expresado su respaldo a la norma, que podría fortalecer la estrategia migratoria de la Casa Blanca y alinearla con enfoques más restrictivos promovidos por algunos sectores conservadores más radicales.
Por ahora, el Supremo no ha cerrado la puerta a una revisión de fondo, pero su decisión de no intervenir en esta etapa temprana fortalece el precedente de que la aplicación de leyes migratorias es un asunto federal, no estatal.@mundiario