Rusia emite una orden de captura contra la primera ministra de Estonia
El Gobierno ruso ha emitido una orden de detención contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, su secretario de Estado, Taimar Peterkop, y varios políticos europeos más. La acusación se relaciona con la demolición de monumentos erigidos por la Unión Soviética cuando Moscú controlaba los países bálticos y otros de Europa del Este. Esta acción, llevada a cabo después de la invasión rusa de Ucrania, busca borrar un pasado vinculado a la ocupación soviética. Sin embargo, el Kremlin acusa a estos países de supuestamente rehabilitar el nazismo.
La lista de personas buscadas incluye al ministro de Cultura de Lituania, Simonas Kairis, 67 diputados del Parlamento letón, seis del lituano, 15 concejales de Riga, el viceministro de Activos del Estado polaco, Karol Rabenda, y varios alcaldes de estos países exsoviéticos que respaldaron la demolición de estatuas soviéticas en estas naciones y en Ucrania.
“Se debe responder por los crímenes contra la memoria de quienes liberaron el mundo del nazismo y el fascismo. Y esto es solo el comienzo”, ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
Esta medida no implica una solicitud de extradición, por lo que solo se aplica en territorio ruso, pero también es improbable que los políticos europeos viajen al país bajo el liderazgo de Vladímir Putin, quien sí tiene una orden de captura internacional por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIP) por la deportación forzada y masiva de menores de edad en la guerra en Ucrania.
Estonia, junto con otros países fronterizos con Rusia, ha expresado un firme apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión y ha adoptado medidas de “descomunización” para dejar atrás décadas dolorosas de ocupación soviética, especialmente después de la II Guerra Mundial.
Ultraje a la memoria histórica de Rusia
La respuesta del Kremlin ha sido amenazar a ciudadanos de estos países. En septiembre, más de 170 ciudadanos extranjeros (en su mayoría de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y Ucrania) fueron acusados por el Comité de Investigación ruso de “profanación y destrucción de monumentos a los soldados soviéticos”. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió que esto es solo el comienzo y que se debe responder por los “crímenes contra la memoria”.
La orden de detención ha generado críticas y se considera una estrategia de propaganda rusa. Aunque se acusa a estos políticos de “ultraje a la memoria histórica”, la línea entre la propaganda y el respeto a los caídos en la lucha contra el nazismo se vuelve difusa, especialmente porque Moscú suele utilizarlo como un instrumento propagandístico para mantener sus vínculos con la órbita exsoviética. Pese a la orden, es poco probable que los acusados visiten Rusia mientras Putin esté en el poder.
A pesar de su pequeño tamaño, Estonia ha demostrado un fuerte compromiso con los refugiados ucranianos y ha destinado fondos militares para apoyar a Ucrania en su esfuerzo bélico. Sin embargo, la posición política de Kaja Kallas respecto a Rusia ha generado controversia, especialmente en relación con los negocios de su familia en territorio ruso, pues de cara al público es una férrea defensora de Ucrania, pero su marido sigue teniendo dos empresas de transporte con clientes rusos. @mundiario
