El proceso electoral en EE UU, en la mira: los planes de Trump hacen saltar las alarmas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el pulso político al proponer abiertamente un cambio de las reglas electorales que recortaría el papel de los Estados en favor de un mayor control federal. El planteamiento, dirigido al Partido Republicano, ha generado una inmediata inquietud en Washington por sus implicaciones constitucionales y por el impacto que podría tener sobre la credibilidad del proceso democrático, en el marco de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre.
El mandatario lanzó su propuesta durante una intervención en el pódcast del comentarista ultraconservador Dan Bongino, una de las voces más influyentes del entorno MAGA. En un discurso centrado inicialmente en inmigración, el presidente defendió que los republicanos deberían “tomar el control” del sistema de votación en distintos puntos del país y avanzar hacia una “nacionalización” de las elecciones, sin detallar qué territorios estarían afectados.
La sugerencia supone un cuestionamiento directo del modelo electoral estadounidense, basado en la descentralización. La Constitución atribuye a los Estados la organización de los comicios, precisamente como salvaguarda frente a la concentración de poder en el Ejecutivo federal. Miles de autoridades locales, de distinto signo político, supervisan cada elección como parte de ese diseño institucional.
Un relato persistente de desconfianza
Las declaraciones del presidente no son un episodio aislado, sino que se inscriben en una narrativa que Trump sostiene desde hace más de cinco años: la acusación de un fraude electoral generalizado. Sin pruebas que la respalden, el mandatario sigue afirmando que las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, fueron manipuladas por los demócratas, una tesis que fue descartada de forma sistemática por los tribunales.
Ese discurso desembocó en uno de los episodios más graves de la historia reciente del país, el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una multitud trató de impedir la certificación del resultado electoral tras asumir como cierta la versión difundida por Trump y su entorno.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha intensificado su ofensiva normativa. En marzo firmó un decreto que impone la identificación obligatoria para votar en todo el país —una exigencia que actualmente no rige en 14 Estados— y que limita el recuento de votos por correo recibidos después del día electoral, incluso si fueron enviados dentro del plazo legal. Varias instancias judiciales federales han bloqueado la aplicación de esas medidas al considerar que invaden competencias estatales.
Trump ha defendido públicamente esas restricciones con acusaciones directas a la oposición. “Solo quien quiere hacer trampas se opone a la identificación de los votantes”, afirmó esta semana desde el Despacho Oval, señalando sin pruebas al Partido Demócrata como responsable de un supuesto fraude.
Choque con los Estados y presión federal
La tensión institucional se ha agravado tras la reciente actuación del FBI en un centro de recuento del condado de Fulton, en Georgia, donde agentes federales requisaron miles de papeletas. Se trata de un territorio simbólico: fue clave en la victoria de Biden en 2020 y uno de los principales objetivos de las campañas de impugnación promovidas por el trumpismo.
Las investigaciones oficiales, sin embargo, no han avalado esas sospechas. En Georgia, de los cerca de ocho millones de votos emitidos en las últimas elecciones, solo 20 correspondían a personas sin ciudadanía estadounidense. Aun así, el relato del fraude sigue movilizando a sectores del movimiento MAGA.
Tras la operación en Fulton, Trump contactó personalmente con los agentes implicados para agradecerles su labor, según ha revelado The New York Times. La actuación contó además con la participación directa de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, un hecho que ha aumentado el debate político sobre el uso de recursos federales en asuntos electorales.
En paralelo, la Administración ha reclamado a los Estados que entreguen sus datos electorales al Gobierno central. Al menos 24 se han negado, invocando el artículo primero de la Constitución, y se preparan para un posible enfrentamiento judicial con la Casa Blanca. La fiscal general, Pam Bondi, ha intensificado la presión sobre algunos de ellos, como Minnesota, en un contexto marcado además por un amplio despliegue federal contra la inmigración.
Inmigración, voto y una narrativa sin respaldo
Trump ha vuelto a vincular de forma explícita inmigración y resultados electorales, sosteniendo que los inmigrantes indocumentados votan de manera masiva por los demócratas. Los datos oficiales contradicen esa afirmación: las personas sin estatus legal no tienen derecho al voto y el riesgo de deportación hace extremadamente improbable que participen en procesos electorales.
Pese a ello, el presidente insiste en que una deportación a gran escala es clave para que el Partido Republicano vuelva a ganar elecciones. “Si no los expulsamos, los republicanos nunca volverán a ganar”, afirmó en el pódcast de Bongino, reforzando un discurso que combina política migratoria y deslegitimación del sistema electoral.
Las últimas declaraciones se suman a otras realizadas en meses recientes, en las que Trump ha lamentado no haber recurrido a la Guardia Nacional para controlar las urnas en 2020 o ha sugerido que Estados Unidos no debería celebrar elecciones de medio mandato, unas palabras que la Casa Blanca ha tratado posteriormente de minimizar.
El patrón, sin embargo, resulta cada vez más evidente. A medida que se acerca noviembre, el presidente ha intensificado una estrategia que pone en cuestión las reglas del juego democrático, señala a árbitros electorales como enemigos políticos y amplifica teorías conspirativas sobre supuestas injerencias extranjeras. El debate ya no se limita al resultado de las próximas legislativas, sino a la solidez del propio sistema electoral frente a la presión del poder ejecutivo. @mundiario
