Pagar para entrar: Estados Unidos mercantiliza el visado

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las políticas migratorias regresan al centro del tablero político estadounidense, aunque esta vez revestidas de una nueva capa de sofisticación administrativa. El anuncio del Departamento de Estado sobre la implementación de un programa piloto que exigirá depósitos de entre 5.000 y 15.000 dólares a ciertos solicitantes de visados de turismo o negocios revela una estrategia clara: filtrar la inmigración no deseada mediante un criterio económico, disfrazado de medida de seguridad y cumplimiento.

Aunque la medida se presenta como una fianza reembolsable, su lógica de fondo es la exclusión. ¿Quién puede permitirse depositar hasta 15.000 dólares solo para obtener una visa temporal? Desde luego, no los ciudadanos de los países apuntados por la normativa, entre los que figuran muchas naciones africanas y algunos Estados en conflicto o con sistemas documentales precarios. La lista provisional incluye países como Nigeria, Sierra Leona, Mauritania o Afganistán, lo que sugiere una política migratoria selectiva, basada más en prejuicios geopolíticos y raciales que en criterios objetivos.

Esta política no es nueva, pero sí es más significativa en este contexto. Ya en 2020, al final del primer mandato de Trump, se intentó implementar un programa similar, aunque la pandemia lo dejó en suspenso. Hoy, en un escenario global distinto, con los viajes internacionales recuperados y con un electorado trumpista aún más movilizado, la medida adquiere un peso simbólico mayor. Trump no necesita construir más muros físicos: bastan las barreras económicas, que son menos visibles, pero igual de eficaces.

El argumento oficial es que estas fianzas garantizan que los viajeros respeten los términos de su visado. En caso de sobrepasar el tiempo permitido, el depósito serviría para cubrir los costes asociados a su deportación. El razonamiento es discutible desde varios ángulos. En primer lugar, porque presupone la culpabilidad futura del solicitante. En segundo lugar, porque criminaliza a los ciudadanos de ciertos países sin que hayan infringido ninguna norma. En tercer lugar, porque crea una barrera desigual en el acceso a la movilidad internacional, vulnerando el principio de no discriminación.

La medida también se inscribe dentro de una estrategia más amplia de encarecimiento generalizado del proceso de obtención de visados. A partir de 2026, se implementará una "tarifa de integridad" de 250 dólares para la mayoría de visados de no inmigrante. Con estos pasos, Estados Unidos va perfilando un modelo migratorio que privilegia al turista o trabajador rico, mientras desincentiva —económicamente— al ciudadano medio de los países del Sur global.

En la práctica, esta política tiene implicaciones más profundas. Refuerza una narrativa en la que ciertos países —por su nivel de desarrollo, su historial migratorio o su inestabilidad interna— son considerados intrínsecamente sospechosos. A los ciudadanos de esos países se les impone un castigo anticipado: demostrar su inocencia pagando una suma de dinero considerable. Se trata de una forma sutil pero contundente de exclusión estructural, que reproduce lógicas coloniales de desigualdad bajo una fachada legalista.

Es significativo, además, que no se haya publicado aún una lista definitiva de países afectados. Esa ambigüedad administrativa da margen al Gobierno para ajustar el alcance del programa según criterios políticos o diplomáticos. Y también introduce un componente de incertidumbre que disuade a potenciales viajeros incluso antes de que puedan formalizar una solicitud.

Mientras tanto, los países del llamado Programa de Exención de Visa —esencialmente aliados occidentales— quedan fuera del alcance de estas medidas. Esto confirma que no estamos ante una política migratoria universal, sino ante un ejercicio selectivo de exclusión que penaliza a los menos favorecidos y premia a los que ya forman parte del círculo privilegiado de naciones consideradas "seguras".

La fianza migratoria impulsada por la Administración Trump es una medida que, más allá de su aparente carácter técnico, responde a una lógica profundamente ideológica. Utiliza el dinero como herramienta de control migratorio, perpetúa desigualdades internacionales y refuerza una visión del mundo dividida entre los que merecen entrar y los que deben quedarse fuera. No se trata solo de política migratoria: es un síntoma de cómo la desigualdad global se institucionaliza, visado a visado. @mundiario