Nicaragua despoja la nacionalidad a los 135 presos políticos expulsados
El régimen de Daniel Ortega ha dado un nuevo golpe a los 135 opositores liberados y expulsados la semana pasada a Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el Gobierno sandinista, anunció este lunes la retirada de la nacionalidad nicaragüense a estos excarcelados, a quienes el régimen considera "traidores". Estas personas, calificadas como presos políticos por la comunidad internacional, fueron liberadas y trasladadas a Guatemala tras una negociación entre EE UU y Ortega. Además de la pérdida de nacionalidad, la Corte ordenó el decomiso de todos sus bienes en Nicaragua.
En un comunicado emitido por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, la Corte Suprema indicó que los liberados habían sido condenados "por delitos que atentaron contra la soberanía y la autodeterminación del pueblo nicaragüense". Según la sentencia, estas personas promovieron "la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica", alterando el orden constitucional. El régimen justifica el decomiso de los bienes como una compensación por los supuestos daños causados por sus actividades. Sin embargo, para muchos observadores, los únicos "delitos" cometidos por estas personas fueron disentir del régimen de Ortega y apoyar voces críticas como la del sacerdote Rolando Álvarez, uno de los principales opositores en el país.
El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, se ha manifestado al respecto. El pasado jueves, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la administración Biden, informó sobre la liberación de los 135 presos políticos y su traslado a Guatemala. Sullivan destacó que la liberación se produjo por razones humanitarias y exigió a Ortega un "retorno pacífico a la democracia" en Nicaragua. Washington ha prometido visados para aquellos que deseen trasladarse a Estados Unidos y ha reiterado su apoyo a la causa de los presos políticos nicaragüenses.
Mientras tanto, los nicaragüenses liberados se encuentran alojados en varios hoteles de la Zona 10 en Ciudad de Guatemala. Allí reciben atención médica, psicológica y provisiones básicas, mientras personal de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) evalúa cada caso para gestionar posibles traslados a otros países.
El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, ha otorgado a los liberados un permiso de estancia legal por 90 días, con la posibilidad de optar por la residencia permanente. Seis de los liberados ya han expresado su intención de quedarse en el país centroamericano.
Esta medida de Ortega no es nueva. En el último año, el régimen ya había despojado de su nacionalidad a más de 200 personas, incluidos destacados escritores como Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y la poeta Gioconda Belli, Premio Reina Sofía de Poesía. También se ha dirigido contra periodistas, activistas y académicos, todos críticos del régimen, en una escalada represiva que ha generado condena internacional. @mundiario
