Luís Montenegro enfrenta su primera moción de censura por un presunto conflicto de intereses

Luís Montenegro, primer ministro de Portugal. / @LMontenegropm.
El primer ministro de Portugal niega las acusaciones que llevaron al partido de ultraderecha Chega a plantear una moción para derrocar al Gobierno de centroderecha, que requeriría del apoyo de la izquierda.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, se enfrenta este viernes a su primera moción de censura, presentada por el partido de ultraderecha Chega. La iniciativa, aunque condenada al fracaso, busca poner en el centro del debate un supuesto conflicto de intereses derivado de la existencia de una empresa familiar con capacidad para realizar operaciones inmobiliarias.

El Gobierno de coalición conservador liderado por Montenegro ya se vio afectado hace pocas semanas por una dimisión derivada de un caso similar. El secretario de Estado de Administración Local y Ordenación del Territorio, Hernâni Dias, renunció tras revelarse que había creado dos empresas inmobiliarias mientras participaba en la elaboración de una reforma legal que permite la construcción en suelos rústicos. En aquel momento, la oposición consideró que existía un claro conflicto de intereses, aunque el primer ministro minimizó inicialmente la polémica antes de endurecer su postura en días posteriores.

Ahora, la atención se centra en el propio Montenegro, quien ha sido instado a dar explicaciones sobre la empresa familiar Spinumviva. Según informaciones publicadas por el periódico Correio da Manhã, la sociedad fue creada en enero de 2021 por el entonces exdiputado y su familia. Su objeto social incluye diversas actividades, como consultoría en negocios, viticultura, mediación de seguros y compraventa de bienes inmobiliarios.

El punto más controvertido radica en una operación realizada el 30 de junio de 2022. Tras ganar las primarias para liderar el Partido Social Demócrata (PSD), aunque de centroderecha en lo ideológico, Montenegro vendió sus acciones en Spinumviva a su esposa e hijos. Sin embargo, Correio da Manhã sostiene que esta transacción podría ser nula según el Código Civil portugués, que prohíbe la compraventa de acciones entre cónyuges con régimen de bienes gananciales.

La ultraderecha necesita los votos de la izquierda

Hasta ahora, el primer ministro solo ha respondido por escrito, calificando de “absurdo” que pueda haber un conflicto de intereses en este caso. Montenegro defiende que la actividad inmobiliaria fue incluida en el objeto social de la empresa con el objetivo de “incorporar” y “revitalizar” el patrimonio heredado de sus padres. Asimismo, argumenta que el objeto social de una empresa no implica por sí mismo una situación de incompatibilidad o beneficio indebido.

El líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ha criticado la actitud del primer ministro y le ha instado a dar explicaciones claras. “A medida que pasa el tiempo, observamos que las diferencias con el caso de Hernâni Dias no son tan grandes”, afirmó. Mientras tanto, desde Brasil, donde asiste a la cumbre luso-brasileña con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Montenegro aseguró que está “tranquilo” y que aclarará todas las dudas en la Asamblea de la República durante el debate de la moción de censura.

André Ventura, líder de Chega, justificó la presentación de la moción argumentando que “el país no puede ser gobernado por quienes carecen de principios éticos y transparencia”. Sin embargo, la iniciativa está destinada al fracaso, ya que ningún otro partido de la oposición ha mostrado intención de apoyarla, y de hacerlo supondría que los socialistas o la izquierda radical deban retratarse junto a la ultraderecha en la misma votación para deponer al Gobierno.

La estrategia de Chega también busca desviar la atención de los escándalos que han afectado recientemente a la formación ultraderechista. Uno de los casos más sonados involucra a Miguel Arruda, exdiputado por Azores, quien fue imputado por la Fiscalía tras ser acusado de robar maletas en el aeropuerto de Lisboa. Días después, Nuno Pardal, amigo personal de Ventura, dimitió tras ser acusado de un supuesto caso de explotación sexual a un menor de 15 años. Paradójicamente, Pardal había defendido en la Asamblea municipal de Lisboa la aplicación de la castración química para pederastas. @mundiario