Ley Sutar en Eslovenia: seguridad o discriminación camuflada bajo la urgencia política
Eslovenia aprobó con rapidez la conocida como Ley Sutar, una legislación que ha encendido la alarma de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Aunque el texto no menciona explícitamente a la comunidad romaní, las circunstancias que rodearon su promulgación —a raíz de un asesinato de un ciudadano esloveno presuntamente perpetrado por un grupo romaní—, la delimitación geográfica y los términos ambiguos que utiliza apuntan a una clara discriminación hacia esta minoría. Esta ley, en apariencia orientada a aumentar la seguridad en “zonas de alto riesgo”, amenaza con agravar aún más la ya precaria situación de los romaníes en el país.
Un contexto de inseguridad y criminalización
El asesinato de Ales Sutar, ocurrido en Novo Mesto, actuó como detonante de una legislación que se presentó como una respuesta urgente frente a la inseguridad en ciertas áreas del país. Sin embargo, la rapidez con la que fue aprobada —en apenas dos semanas— y los poderes excepcionales que otorga a las fuerzas de seguridad no han hecho sino reforzar los temores de que esta ley podría acabar siendo una herramienta de criminalización colectiva.
Si bien las autoridades eslovenas insisten en que la Ley Sutar no va dirigida específicamente a la comunidad romaní, expertos y activistas señalan que la ley está claramente orientada a estas poblaciones. Mensur Haliti, vicepresidente de la Fundación Romaní para Europa, sostiene que no es necesario que la ley mencione a los romaníes para que se aplique de forma desproporcionada sobre ellos, dado que las “zonas de alto riesgo” coinciden con aquellas en las que reside gran parte de la población romaní, sobre todo en el sureste de Eslovenia.
Un cambio en las reglas del juego
La ley concede a la policía nuevas facultades, como la posibilidad de revisar hogares y vehículos sin una orden judicial previa en ciertas circunstancias, e incluso el uso de drones para la vigilancia. Esta ampliación de poderes se presenta bajo el pretexto de mejorar la seguridad en áreas vulnerables, pero en la práctica podría constituir una violación directa de derechos fundamentales, al permitir que las autoridades actúen sin las garantías mínimas de respeto a la privacidad.
En cuanto a la justicia, la norma también flexibiliza las reglas de admisión de pruebas, permitiendo que incluso pruebas inadmisibles sean consideradas si la gravedad del delito lo justifica. Esta medida podría dar lugar a vulneraciones de derechos procesales básicos, ya que no hay certeza sobre qué criterios se utilizarán para determinar la gravedad del delito. Asimismo, la extensión de las detenciones preventivas a hasta tres años y la limitación de la asistencia jurídica gratuita suponen un serio obstáculo para el acceso a la justicia para las personas más desfavorecidas, muchas de las cuales pertenecen a la comunidad romaní.
La respuesta de las organizaciones de derechos humanos
Diversos informes internacionales, como el emitido por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), subrayan la falta de avances en la integración de la comunidad romaní en Eslovenia, a pesar de los esfuerzos de inclusión. Las disparidades en el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o educación, así como las condiciones de vida insostenibles en los asentamientos romaníes, reflejan la exclusión social que esta comunidad continúa padeciendo.
Kristina Bozic, de Amnistía Internacional Eslovenia, argumenta que la segregación geográfica y social de los romaníes, sumada a la falta de acceso a servicios básicos, va en contra de los principios fundamentales de la Unión Europea, de la que Eslovenia es miembro desde 2004. Esta situación no solo refleja un claro incumplimiento de las normativas europeas en materia de derechos humanos, sino que también pone en evidencia la hipocresía de un gobierno que se presenta como moderno y democrático, mientras mantiene políticas que perpetúan la marginalización de una minoría histórica.
La Ley Sutar, aunque presentada como una medida para mejorar la seguridad, debe ser analizada con atención y cautela. No solo por los poderes excepcionales que otorga a las autoridades, sino porque, al no reconocer explícitamente su orientación hacia los romaníes, abre la puerta a una aplicación selectiva y discriminatoria de la ley. Si bien la seguridad es un derecho legítimo de todos los ciudadanos, no debe alcanzarse a costa de vulnerar derechos fundamentales o de agravar aún más la exclusión de las comunidades más vulnerables.
En este contexto, las autoridades eslovenas deben reconsiderar esta ley y sus implicaciones, poniendo en el centro de la política la necesidad de una inclusión real y efectiva de la población romaní. Solo así se podrá garantizar una verdadera seguridad para todos, sin caer en la tentación de utilizar la criminalización colectiva como respuesta a problemas sociales complejos. @mundiario
