La ley de amnistía en Venezuela es aprobada por unanimidad: claves, plazos y controversias
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía que abre la puerta a la excarcelación de cientos de presos políticos y al cierre de causas judiciales contra personas perseguidas que permanecen en la clandestinidad o en el exilio. La norma, debatida durante dos semanas con distintos sectores políticos y sociales, ha sido presentada por el oficialismo como un gesto de distensión en una etapa de reconfiguración política tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha celebrado el consenso alcanzado y ha expresado su deseo de que la medida marque “un nuevo tiempo político”. El texto ya ha sido remitido al Palacio de Miraflores para su promulgación por parte de Delcy Rodríguez. Una vez publicado en la Gaceta Oficial, entrará en vigor. Además, se ha creado una comisión parlamentaria de 23 diputados que supervisará la aplicación de la ley y revisará posibles exclusiones.
Alcance de la amnistía: qué incluye y qué deja fuera
La norma limita su aplicación a 13 episodios de conflictividad política y social ocurridos entre 1999 y 2026, tres más de los contemplados en el borrador inicial. Entre ellos figura el período en que la Asamblea estuvo controlada por la oposición (2016-2021), etapa en la que el chavismo bloqueó su funcionamiento e impulsó investigaciones contra decenas de dirigentes. También se incorporan los hechos relacionados con las primarias opositoras de 2023 y las protestas posteriores a las elecciones de julio de 2024, marcadas por una fuerte represión.
Sin embargo, el texto excluye de forma expresa a militares procesados por delitos de rebelión. De los aproximadamente 600 presos políticos que aún permanecen encarcelados, al menos 174 pertenecen a la Fuerza Armada y no podrán acogerse a la medida.
Tampoco han quedado explícitamente amnistiados los casos vinculados a los llamados “delitos de odio”, figura jurídica utilizada en los últimos años para procesar a personas por mensajes críticos en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Organizaciones de derechos humanos habían solicitado la derogación de esta normativa, pero el oficialismo ha defendido su vigencia, aunque ha admitido que podría ser objeto de reformas futuras.
Debate interno y tensiones sobre el espíritu de la ley
La discusión parlamentaria estuvo marcada por desacuerdos sobre el artículo 7, que define el procedimiento para acceder a la amnistía. El chavismo insistía en que los beneficiarios debían comparecer ante los tribunales antes de obtener el perdón, una exigencia que generó inquietud entre ONG y familiares, al considerar que legitimaba decisiones judiciales que califican de arbitrarias.
Tras intensas negociaciones, se incorporó una modificación que permite a quienes se encuentren fuera del país actuar mediante representación legal y establece que nadie podrá ser detenido una vez solicitada la medida. Además, se añadió el principio jurídico de favorecer al acusado en caso de duda interpretativa, considerado por defensores como una rendija que podría ampliar el alcance práctico de la ley.
La norma fija un plazo de 15 días para que los tribunales revisen y otorguen las amnistías, lo que acelera un proceso que ya venía desarrollándose parcialmente: en el último mes y medio han sido excarceladas 444 personas, aunque aún quedarían alrededor de 600 detenidas por motivos políticos.
Presión social y cálculo político
La aprobación de la ley se ha producido en medio de protestas de familiares frente a centros de detención como la sede policial conocida como Zona 7, en Caracas, donde al menos 40 personas continúan privadas de libertad. Algunas familias iniciaron huelgas de hambre para exigir celeridad y el cumplimiento de los compromisos anunciados por el Parlamento.
El anuncio inicial de la amnistía fue realizado el 29 de enero por Delcy Rodríguez, en un contexto de excarcelaciones progresivas. Aunque el oficialismo no necesitaba el respaldo opositor para aprobar la norma gracias a su mayoría, buscó un acuerdo unánime como señal política. Se trata de la segunda ley relevante aprobada con apoyo de una minoría opositora moderada, tras la reciente reforma de hidrocarburos que abrió el sector petrolero al capital privado.
Para analistas y organizaciones como Foro Penal, la amnistía representa un paso relevante pero insuficiente. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, ha señalado que la libertad plena dependerá de desmontar el entramado legal y cultural que permitió la persecución política. La norma, en ese sentido, es vista como un instrumento jurídico para liberar personas, pero no como una reforma estructural del sistema.
Un gesto de distensión bajo escrutinio
La ley de amnistía podría aliviar parcialmente la presión interna e internacional sobre Venezuela y facilitar una recomposición del espacio político. Sin embargo, su efectividad dependerá de la aplicación real en los tribunales y de la voluntad de extender beneficios más allá de los casos estrictamente enumerados.
El desafío para el oficialismo será demostrar que la medida no es solo un gesto táctico, sino el inicio de un proceso más amplio de garantías y normalización institucional. Mientras tanto, cientos de familias siguen pendientes de que el texto aprobado en el Parlamento se traduzca en libertades efectivas tras años de detenciones y procesos cuestionados. @mundiario