Un juez federal ordena a la Administración Trump detener el desmantelamiento de USAID

Un juez federal en Maryland ha emitido una orden que prohíbe a Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) continuar con el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La decisión representa un importante revés para la Administración de Donald Trump, que ha intentado reducir el tamaño del Gobierno federal y despedir a miles de empleados.

El magistrado Theodore Chuang dictaminó que la eliminación de USAID es “probablemente inconstitucional”, ya que viola la separación de poderes y la Cláusula de Nombramientos de la Constitución. Además, ordenó la restitución inmediata del acceso a correos electrónicos, sistemas de pago y otras plataformas digitales para los empleados despedidos y permitir que la agencia pueda retomar sus actividades en su sede histórica del edificio Ronald Reagan en Washington.

La decisión de Chuang llega en medio de la controversia sobre el papel de Elon Musk dentro de la Administración Trump. Aunque la Casa Blanca lo describe como un "empleado especial" que no recibe compensación, el juez encontró que Musk ha ejercido un poder sin precedentes sobre las agencias gubernamentales, tomando decisiones que solo deberían corresponder a funcionarios designados por el Senado.

El magistrado destacó en su fallo que Musk ha tomado decisiones directas en el cierre de USAID y de otras agencias federales, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y el Departamento de Agricultura.

Según la demanda presentada por más de 20 empleados de USAID, Musk utilizó su influencia para despedir a la mayoría del personal, vaciar las oficinas de la agencia y transferir a los pocos empleados restantes al Departamento de Estado. 

"Bajo estas circunstancias, la evidencia actualmente favorece la conclusión de que, contrariamente a la afirmación general de los acusados ​​de que Musk actuó sólo como asesor, Musk tomó la decisión de cerrar la sede y el sitio web de USAID a pesar de que 'carecía de la autoridad para tomar esa decisión'", escribió Chuang, quien citó los argumentos de la Administración Trump.

Un desmantelamiento que afecta al interés público

En su fallo de más de 60 páginas, el juez Chuang subraya que la eliminación de USAID no solo perjudica a los empleados de la agencia, sino también al interés público y a los contribuyentes. La agencia, que opera desde 1961, ha sido clave en la financiación de programas de asistencia internacional, y su cierre afectaría a miles de organizaciones humanitarias y socios comerciales que dependen de sus fondos.

El impacto del desmantelamiento fue inmediato: el 83 % de los programas de USAID fueron cancelados, según confirmó el secretario de Estado Marco Rubio. Además, el sitio web de la agencia fue desactivado y su sede en Washington fue ocupada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Aunque el fallo judicial prohíbe nuevas acciones para cerrar la agencia mientras se resuelve el litigio, este proceso podría llevar meses o incluso años.

El caso de USAID no es un incidente aislado. La Administración Trump ha intentado despedir a miles de empleados federales bajo el argumento de que muchos de sus puestos no son esenciales. Esto ha provocado múltiples demandas en tribunales federales. En varios casos, los jueces han ordenado la reincorporación de los empleados, alegando que sus ceses fueron arbitrarios e inconstitucionales.

El papel del Congreso en la eliminación de las agencias federales

Uno de los puntos clave de la decisión judicial es que la Casa Blanca no tiene la autoridad para cerrar una agencia federal sin la aprobación del Congreso. "No existe ninguna ley que otorgue al Ejecutivo la facultad de eliminar USAID", escribió el juez Chuang. "El poder de abolir agencias gubernamentales recae exclusivamente en el Congreso".

Esto significa que, aunque Trump pueda continuar con su plan de reestructuración, cualquier eliminación de agencias debe pasar por un proceso legislativo formal, algo que no ha sucedido en este caso.

La decisión de Chuang fue celebrada por grupos defensores de la democracia y los derechos civiles. Norm Eisen, presidente del State Democracy Defenders Fund, que representa a los empleados de USAID, calificó el fallo como “una victoria fundamental para la estabilidad del gobierno”.

"Están realizando cirugía con una motosierra en lugar de un escalpelo, perjudicando no solo a las personas a las que USAID sirve, sino también a la mayoría de los estadounidenses que dependen de la estabilidad de nuestro gobierno", dijo en un comunicado. "Este caso es un hito en la lucha contra la ilegalidad de Musk y DOGE."

Por otro lado, la Casa Blanca ha defendido su postura y reiteró que la administración tiene el mandato del pueblo para reformar el gobierno. "El presidente fue elegido para reducir el tamaño del gobierno federal y eliminar agencias innecesarias. Vamos a seguir adelante con ese plan",  declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. @mundiario