Un tribunal del Congo condena a muerte al expresidente Kabila por apoyar a los rebeldes del M23
La condena contra Joseph Kabila, quien gobernó la República Democrática del Congo (RDC) entre 2001 y 2019, supone uno de los episodios judiciales más relevantes en la historia reciente del país. El Tribunal Militar Superior de Kinshasa lo declaró culpable de traición, crímenes de guerra, torturas, violación, conspiración y de brindar apoyo al movimiento insurgente M23. El fallo llega en un contexto de creciente inestabilidad en el noreste del país, donde los rebeldes han logrado ocupar ciudades estratégicas como Goma y Bukavu.
El juicio, celebrado en ausencia del expresidente, se prolongó durante varios meses y estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre Kabila y el actual mandatario, Félix Tshisekedi. La sentencia no solo contempla la pena capital, sino también la obligación de pagar 33.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por las actuaciones del grupo armado.
La figura de Kabila sigue siendo central en la política congoleña. Tras dejar el poder en 2019, mantuvo influencia a través de su partido, el PPRD, y de su condición de senador vitalicio. Sin embargo, las tensiones con Tshisekedi fueron en aumento hasta que, en 2023, decidió marcharse al exilio en Sudáfrica. Su reaparición en mayo de este año en Goma, bajo control del M23, fue interpretada como un desafío directo al Gobierno central.
El tribunal basó gran parte de sus argumentos en los vínculos entre Kabila y la Alianza del Río Congo (AFC), considerada el brazo político del M23. Según las autoridades, el expresidente habría conspirado activamente para debilitar al Estado con el respaldo del Ejército ruandés, actor señalado por Naciones Unidas y en múltiples informes internacionales como soporte militar del movimiento rebelde.
Más allá de la sentencia, el caso Kabila tiene profundas implicaciones para la estabilidad regional. La guerra en el noreste congoleño, reactivada a principios de 2025, amenaza con desbordar las fronteras y arrastrar a países vecinos como Ruanda y Uganda. La intervención internacional de Qatar y EE UU ha producido acuerdos de alto el fuego, pero estos se han mostrado ineficaces en detener la violencia sobre el terreno.
Las acusaciones contra Kabila incluyen también un supuesto plan político de 12 puntos que proponía derrocar al actual Gobierno. El propio exmandatario, en declaraciones a través de plataformas digitales, ha negado todas las imputaciones y acusa a Tshisekedi de manipular la justicia para consolidar su poder. El choque entre ambas figuras refleja la polarización que atraviesa al país desde la transición de 2019.
El simbolismo del fallo es innegable: por primera vez un expresidente de la RDC es condenado por traición y crímenes de guerra en un proceso nacional. Esto plantea preguntas sobre la capacidad del sistema judicial congoleño para actuar con independencia en medio de presiones políticas, pero también envía un mensaje sobre la intención del Gobierno de marcar un punto de inflexión en su lucha contra la insurgencia.
No obstante, la aplicación de la condena resulta incierta. Kabila se encuentra en paradero desconocido y cuenta todavía con apoyos en sectores militares y políticos, lo que podría obstaculizar su arresto. El veredicto podría, incluso, intensificar las divisiones internas y alimentar el discurso del M23, que busca presentarse como alternativa frente al poder de Kinshasa. @mundiario
