James Comey acusa a Trump de “venganza política” y pide desestimar los cargos en su contra
El enfrentamiento entre James Comey y el presidente Donald Trump, que se remonta a la destitución del exdirector del FBI en 2017, cobra impulso en la política estadounidense con el primer movimiento de la defensa. Comey, de 64 años, presentó este lunes una moción ante un tribunal federal de Virginia para que se anulen los cargos de obstrucción y falso testimonio que enfrenta, argumentando que se trata de una “acusación vengativa” orquestada por el propio presidente de EE UU.
En el documento, la defensa de Comey califica el caso como un “abuso de poder atroz” y una violación de los principios constitucionales de debido proceso e igualdad ante la ley. El texto sostiene que la causa responde únicamente a “la animadversión personal del presidente hacia un crítico político”.
En una moción separada, el equipo jurídico se centra en la designación de Lindsey Halligan, una abogada cercana a Trump, como fiscal interina del Distrito Este de Virginia. Según la defensa, Halligan fue nombrada de manera “defectuosa” y sin cumplir los procedimientos legales que el Congreso y la Constitución establecen para ocupar ese cargo.
Los abogados alegan que la fiscal, anteriormente asesora legal del presidente y con experiencia limitada en materia penal, asumió su puesto menos de 48 horas después de que Trump exigiera públicamente el procesamiento de Comey. “El nombramiento ilegal de la señora Halligan mancilló la integridad estructural del proceso del gran jurado”, sostiene la moción.
El equipo legal afirma que ningún otro fiscal federal participó en la presentación de la acusación, lo que invalidaría el procedimiento en su totalidad. “Sin el título ilegal de la señora Halligan, no habría podido entrar en la sala del gran jurado, y mucho menos presentar y firmar una acusación”, indicaron los abogados.
Un caso denunciado como persecución política
Comey fue acusado el pasado 25 de septiembre de obstruir una investigación del Congreso y mentir bajo juramento, delitos por los que podría enfrentar hasta cinco años de prisión. La acusación se produjo después de que Trump reprochara públicamente a su fiscal general, Pam Bondi, no haber actuado contra antiguos funcionarios y críticos de su Administración.
El patrón de acusaciones contra figuras vinculadas a la Administración Obama, Biden o al entorno crítico de Trump ha alimentado las sospechas de un uso político del Departamento de Justicia. En las últimas semanas, la exfiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, también fueron imputados por diversos delitos federales.
El despido de Comey en 2017 marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos. En aquel momento, el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016, y su cese fue interpretado como un intento de frenar las pesquisas. Desde entonces, el exdirector del FBI ha sido un crítico abierto del presidente, tanto en entrevistas como en libros y comparecencias públicas.
Trump, por su parte, no ha ocultado su disgusto hacia Comey. En múltiples ocasiones, lo ha acusado de “traidor” y de actuar “por intereses partidistas”. La defensa del exfuncionario argumenta que ese historial de ataques públicos demuestra que la acusación actual responde más a un ánimo de represalia que a una búsqueda legítima de justicia.
Un pulso que trasciende lo personal
El debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes vuelve a cobrar fuerza. Si se comprueba que el nombramiento de Halligan vulneró los procedimientos constitucionales, el caso podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en la designación de fiscales interinos y la influencia política sobre las investigaciones penales.
Por su parte, la Casa Blanca ha evitado pronunciarse directamente sobre la moción presentada por Comey, limitándose a reiterar su “confianza en el proceso judicial”. No obstante, en los círculos legales y políticos se observa con atención cómo este caso podría redefinir las tensiones entre el poder ejecutivo y las instituciones encargadas de aplicar la ley.
En palabras del propio Comey, “los funcionarios del Gobierno no pueden utilizar los tribunales para castigar a sus enemigos personales o políticos”. La justicia estadounidense deberá ahora determinar si esa afirmación es una advertencia o un reflejo de lo que está ocurriendo.@mundiario
