Las inundaciones en Texas: acusaciones entrecruzadas y una tragedia que pudo ser evitada

El gobernador de Texas Greg Abbot junto a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. / @GregAbbott_TX
La devastadora crecida del río Guadalupe ha dejado al menos 70 muertos en Texas y ha generado una ola de críticas hacia las autoridades estatales y el Servicio Meteorológico Nacional, que se responsabilizan entre sí.

La tragedia de las recientes inundaciones en Texas ha derivado en una tormenta política y administrativa. Mientras los equipos de rescate peinan el terreno en busca de víctimas y sobrevivientes —incluyendo a 11 niñas desaparecidas del campamento cristiano—, las autoridades locales y federales enfrentan crecientes cuestionamientos sobre su preparación, respuesta y la eficacia del sistema de alertas tempranas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes, cuando una intensa lluvia —equivalente a meses de precipitaciones— desbordó ríos en la región del Texas Hill Country. El saldo, hasta el domingo, superaba las 67 muertes confirmadas y un número aún no determinado de desaparecidos.

Los rescatistas han utilizado helicópteros, barcos y drones para buscar a las víctimas y liberar a las personas atrapadas en los árboles y en campamentos aislados por carreteras arrasadas. Los funcionarios dijeron que más de 850 personas fueron rescatadas en las primeras 36 horas.

Según la cronología de eventos divulgada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las primeras alertas se emitieron desde la tarde del jueves. Las notificaciones se intensificaron durante la madrugada del viernes, incluyendo avisos de emergencia de inundación súbita, que son considerados entre los más severos dentro del sistema estadounidense.

Sin embargo, residentes de zonas vulnerables y responsables de campamentos como Camp Mystic —donde provienen muchas de las víctimas— no recibieron órdenes claras de evacuación. Algunos funcionarios alegan que la rapidez y magnitud del fenómeno excedieron cualquier previsión. Otros, como expertos de AccuWeather (una empresa privada de pronóstico que utiliza datos de la agencia nacional), aseguran que las advertencias eran suficientes para haber tomado medidas más drásticas con anticipación.

Fricciones entre autoridades y agencias meteorológicas

Este desfase entre las previsiones meteorológicas y la reacción local ha derivado en una pugna de responsabilidades. El jefe de la División de Manejo de Emergencias de Texas, Nim Kidd, cuestionó los pronósticos emitidos el miércoles anterior, argumentando que no reflejaban la magnitud del evento. Desde el NWS y organizaciones privadas se defiende la calidad del sistema de alertas y se recalca que el problema no fue la falta de datos, sino la ausencia de una respuesta más decidida por parte de las autoridades locales.

A esto se suma la confesión del juez del condado de Kerr, Rob Kelly, quien admitió que la región carece de un sistema local de alertas por inundación, en parte por resistencia ciudadana al gasto público. Esta carencia ha sido señalada como un agravante decisivo.

Más allá de los problemas locales, el desastre ha puesto bajo la lupa la administración del presidente Donald Trump y su política de recortes presupuestarios. Varias oficinas regionales del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), incluidas las que cubren las zonas afectadas, operaban con vacantes clave sin cubrir, según reporta el New York Times, como meteorólogos coordinadores, especialistas en hidrología y responsables científicos.

Estas ausencias, señalan exfuncionarios del NWS citados por el mismo diario, dificultan las labores de coordinación con autoridades locales y la planificación de respuestas efectivas. Algunas de estas vacantes están relacionadas con los paquetes de retiro anticipado impulsados por el gobierno federal, así como con la congelación o eliminación de plazas, en especial desde que Trump retomó la presidencia en enero.

Además, está pendiente en el Congreso una propuesta de recorte del 30 % al presupuesto de la NOAA, la agencia matriz del NWS. La Casa Blanca ya había ordenado 800 despidos dentro de la organización, una decisión que ahora resuena con especial fuerza ante la magnitud del desastre.

Una administración en modo reactivo

La respuesta de la administración federal se ha centrado, hasta ahora, en promesas de mejoras tecnológicas. “Sabemos que todos quieren más tiempo de aviso, y por eso estamos trabajando para actualizar la tecnología que ha sido descuidada durante demasiado tiempo, para asegurarnos de que las familias tengan tanto aviso previo como sea posible”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa con líderes estatales y federales. Sin embargo, la declaración llega en medio de una estructura debilitada por los recortes de su administración.

Este enfoque ha sido criticado por especialistas, quienes advierten de que sin personal cualificado y sin una red sólida de coordinación estatal-federal, cualquier mejora tecnológica carecerá del impacto necesario.

La Administración de Trump también ha impuesto estrictos límites a las nuevas contrataciones en el Servicio Meteorológico. Además, según una fuente del New York Times, el Gobierno ha congelado el gasto en viajes, lo que dificulta aún más que los miembros del personal del Servicio Meteorológico se reúnan con sus homólogos estatales y locales. @mundiario