Hungría lleva ante la justicia al alcalde de Budapest por permitir el Orgullo LGTBI
Que una manifestación del Orgullo LGTBI termine en un proceso judicial dice mucho más del contexto político que de la marcha en sí. En Hungría, celebrar se ha convertido en una forma de resistencia, aunque no fuera esa la intención inicial. La Fiscalía ha decidido imputar al alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por permitir y apoyar el Orgullo de 2025, pese a la prohibición policial dictada por el Gobierno de Viktor Orbán. No se trata de una cuestión menor. Estamos hablando de una movilización que reunió entre 200.000 y 300.000 personas, una de las mayores expresiones públicas de los últimos años en el país.
Karácsony no actuó como activista, sino como responsable institucional de una ciudad que decidió no esconder a parte de su ciudadanía. Su defensa es clara: el veto no era legal. Aquí aparece la primera pregunta clave. ¿Puede un Gobierno prohibir una manifestación amparándose en una ley que limita derechos fundamentales bajo conceptos ambiguos como la protección de la infancia?
La ley como herramienta de control social
La base legal de la prohibición del Orgullo hunde sus raíces en una norma aprobada en 2021, inspirada en legislación rusa, que censura cualquier referencia pública a la homosexualidad o a la diversidad de género. Formalmente, se presenta como una medida de protección de menores. En la práctica, funciona como una mordaza que borra del espacio público realidades que existen, gusten o no.
La Comisión Europea ya abrió un procedimiento sancionador contra Hungría por esta ley, al considerar que vulnera derechos básicos reconocidos en la Unión. Aun así, el Ejecutivo húngaro ha seguido adelante, sabiendo que el coste político interno puede ser menor que el beneficio de movilizar a su electorado más conservador. Convertir el Orgullo en un problema de orden público es una estrategia conocida: se desplaza el foco del debate social al terreno del miedo y la sanción.
Justicia, elecciones y un mensaje claro
No es casual que esta imputación llegue a pocos meses de unas elecciones legislativas especialmente inciertas. Por primera vez en más de una década, el partido de Orbán no tiene garantizada la victoria. En este contexto, el proceso contra el alcalde de Budapest envía un mensaje doble. A la oposición, que salirse del guion tiene consecuencias. A la ciudadanía, que la ley puede ser usada como un semáforo en rojo permanente para ciertas libertades.
Karácsony ha dicho que no aceptará nunca que amar sea castigado. Más allá de la frase, lo relevante es el fondo. Cuando una democracia empieza a multar ideas, identidades o afectos, deja de discutir proyectos de país y empieza a vigilar comportamientos. Es como tapar el termómetro para no ver la fiebre: la diversidad no desaparece, solo se empuja a la sombra.
Hungría se juega más que una alcaldía o una multa. Se juega el tipo de sociedad que quiere ser y el lugar que ocupa dentro de Europa. Perseguir un Orgullo no frena el cambio social, solo evidencia el miedo del poder a perder el control del relato. @mundiario
