La Fiscalía de Georgia, bajo control del Gobierno, investigará el fraude electoral
La Fiscalía de Georgia ha iniciado una investigación sobre las denuncias de fraude electoral que, según la oposición y la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, habrían favorecido al partido populista Sueño Georgiano (SG) en su reciente reelección con mayoría absoluta. Este partido, que gobierna desde hace 12 años, obtuvo el 54% de los votos, un aumento significativo en comparación con elecciones anteriores, lo que, entre otros indicios, ha generado sospechas de irregularidades. La investigación se inició a solicitud de la Comisión Electoral Central (CEC), en respuesta a las críticas sobre el proceso electoral, y se centrará en las acusaciones de violación del voto secreto, errores en el escrutinio y problemas en el cálculo de los resultados.
Por otra parte, la Fiscalía ha citado a la presidenta Zurabishvili para que testifique sobre el presunto fraude el próximo 31 de octubre. La mandataria ha cuestionado abiertamente los resultados, calificándolos como un “robo” y atribuyéndolos a una “operación especial rusa”, denunciando la injerencia de Moscú en los comicios. No obstante, Zurabishvili ha declarado que su postura se basa en las observaciones de los organismos locales e internacionales, así como en informes de la oposición, más que en argumentos de su parte. Su citación se ha interpretado como un intento de demostrar la seriedad de la investigación, aunque para la oposición, es un intento de desacreditar a la mandataria mediante el Poder Judicial.
Para los líderes opositores, como Nino Dolidze, de la formación Droa!, la investigación es insuficiente y poco confiable, “Sueño Georgiano ha cooptado el Estado y casi todas sus instituciones, entre ellas la Fiscalía. Así que es ridículo que un fraude permitido por la Comisión Electoral sea investigado por la Fiscalía. Por eso exigimos que instituciones internacionales se involucren en la investigación”, afirmó Dolidze, quien también hizo un llamado a que organismos internacionales supervisen el proceso y explicó que su partido está compartiendo con los “socios occidentales” las pruebas del fraude.
“Si las fuerzas encargadas de aplicar la ley fuesen serias sobre la protección de la integridad del voto, habría arrestado al menos a uno de los cientos de matones que pegaron a la gente durante las elecciones y los intimidaron. Presentamos cientos de protestas y el 98% no recibió respuesta”, denunció Alexandre Crevaux, desde el Movimiento Nacional Unido. “Por eso pedimos nuevas elecciones bajo supervisión internacional. Porque el Gobierno no va a cambiar nada investigándose a sí mismo”, recalcó.
Organizaciones independientes, como la Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia, presentaron demandas para anular los resultados de más de 2.200 centros de votación que emplearon sistemas de voto electrónico, alegando que se violó la privacidad del voto. Según la Asociación, se observó que las papeletas marcadas eran visibles al momento de ingresarlas en las máquinas, y también se acusa al oficialismo de instalar cámaras de vigilancia para registrar el voto. Otro grupo de observación, My Vote, pidió anular los resultados en 189 centros, citando casos de intimidación, compra de votos y manipulación del proceso de votación, afectando aproximadamente a 300.000 electores.
La Comisión Electoral, cooptada por el Gobierno, ha desestimado dos solicitudes de la oposición: una, para que expertos internacionales realicen un análisis forense de las máquinas de votación, y otra, para crear una base de datos pública que permita verificar la identidad de los votantes. En el período previo a los comicios, se reportaron numerosos incidentes de retención de documentos de identidad en zonas rurales, presuntamente para asegurar votos a favor del partido en el poder. Ante este rechazo, la oposición sostiene que la CEC no tiene interés en resolver las irregularidades reportadas, intensificando el llamado a la intervención internacional.
La reacción internacional ha sido rápida, con el presidente estadounidense, Joe Biden, exigiendo que el Gobierno georgiano investigue las irregularidades de manera transparente. Estas demandas se producen en un contexto en el que Georgia recibe importante apoyo financiero de Estados Unidos, aunque ha enfrentado sanciones debido a presuntas acciones antidemocráticas en años recientes.
Haciendo caso omiso de las peticiones, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, prometió "retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la Unión Europea", a la vez que agradecía a la CEC y a la Fiscalía por la apertura de la investigación. Sin embargo, el secretario general de SG, Kakha Kaladze, desestimó los comentarios de Biden. “No puede ser Biden quien evalúe las elecciones o si el Gobierno es legítimo o no”, afirmó.
El conflicto en Georgia ha llevado a la Unión Europea y a Estados Unidos a coordinar su respuesta. Aunque los resultados han sido reconocidos por algunos países como Rusia, Armenia y Turquía, la mayoría de las naciones europeas han mostrado preocupación por la situación democrática en el país. Solo Hungría, bajo el liderazgo prorruso de Viktor Orbán, ha manifestado su respaldo a Sueño Georgiano, mientras que Suecia ha cortado temporalmente los vínculos con el Gobierno de Georgia, una medida que Canadá está considerando replicar.
La oposición en Georgia está instando a Occidente a ejercer presión sobre el Gobierno de SG, exigiendo que se repitan las elecciones bajo una supervisión internacional que garantice su transparencia. Desde la oposición, insisten en que el sistema del oficialismo no puede sostenerse indefinidamente bajo la presión tanto interna como externa. La situación plantea un reto significativo, ya que la celebración de elecciones democráticas es una condición para el proceso de adhesión de Georgia a la Unión Europea, un proceso que fue congelado tras la aprobación de la “Ley rusa” de agentes extranjeros en el país. @mundiario
