Elon Musk propone reducciones masivas en el Gobierno y el fin del teletrabajo: ¿qué implica?
En un artículo publicado en The Wall Street Journal, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y Vivek Ramaswamy, empresario y excandidato presidencial, delinearon una propuesta radical para reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos. Según explican, el futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental de la segunda administración de Donald Trump se centrará en eliminar normativas, recortar burocracia y reducir costos. El fin del teletrabajo obligatorio sería una estrategia clave para forzar la dimisión de empleados que no deseen volver a las oficinas.
“La sabiduría convencional sostiene que las protecciones legales de la función pública impiden que el presidente o incluso sus representantes políticos despidan a los trabajadores federales. El objetivo de estas protecciones es proteger a los empleados de las represalias políticas. Pero la ley permite ‘reducciones de plantilla’ que no afecten a empleados concretos”, aseguran.
Musk y Ramaswamy argumentan que exigir la presencialidad en las oficinas podría provocar una "oleada de ceses voluntarios" que consideran beneficiosa. “Si los empleados federales no quieren acudir (a la oficina), los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por quedarse en casa”, aseguran en su artículo. Musk, conocido por su postura crítica hacia el teletrabajo, ya implementó políticas similares en empresas como Tesla y el antiguo Twitter.
En Tesla, por ejemplo, Musk exigió que los empleados trabajaran al menos 40 horas semanales en la oficina como condición para continuar en la empresa. Una política similar fue adoptada en Twitter tras su adquisición, aunque los despidos masivos provocaron problemas operativos posteriores.
La visión del DOGE incluye una drástica reducción de personal en las agencias federales, alineada con la eliminación de regulaciones consideradas innecesarias. “El número de empleados debe reducirse al mínimo necesario para que las agencias cumplan con sus funciones constitucionales y legales”, sostienen. Además, plantean que aquellos empleados afectados recibirían incentivos para la jubilación anticipada y pagos voluntarios de indemnización para facilitar su transición al sector privado.
Musk y Ramaswamy planean aprovechar decisiones recientes de la Corte Suprema estadounidense, de mayoría conservadora, para debilitar el poder regulador de las agencias federales. En particular, citan los casos Virginia Occidental contra la Agencia de Protección del Medio Ambiente (2022) y Loper Bright Enterprises contra Raimondo (2023), que limitaron la autoridad de a las agencias gubernamentales a implementar normativas sin autorización explícita del Congreso.
El DOGE planea utilizar tecnología avanzada y equipos legales para identificar regulaciones que puedan ser derogadas bajo esta jurisprudencia, entregando al presidente Trump una lista de normativas que podrían eliminarse mediante acción ejecutiva. Esto, según ellos, “liberaría a individuos y empresas de regulaciones ilícitas” y estimularía la economía.
Ambos multimillonarios aseguran que no se convertirán en empleados del gobierno federal, evitando así caer bajo las leyes de incompatibilidad y conflictos de interés. Sin embargo, Musk ha dejado claro en varias ocasiones que busca influir en regulaciones que afectan directamente a sus empresas, como Tesla, SpaceX y Neuralink. Por ejemplo, en una conferencia con analistas, Musk expresó su interés en cambios regulatorios relacionados con vehículos autónomos, lo que podría beneficiar significativamente a Tesla.
“La burocracia atrincherada y en constante crecimiento representa una amenaza existencial para nuestra república, y los políticos la han consentido durante demasiado tiempo. Por eso hacemos las cosas de otra manera. Somos empresarios, no políticos. Seremos voluntarios externos, no funcionarios ni empleados federales. A diferencia de las comisiones gubernamentales o los comités consultivos, no nos limitaremos a redactar informes o cortar cintas. Reduciremos costes”, indican.
Para Musk y Ramaswamy, esta no es una simple reforma; es una transformación que busca minimizar el gobierno federal bajo una lógica empresarial. El plan ha generado críticas por su enfoque en la reducción masiva de personal y la eliminación de regulaciones, lo que podría tener impactos significativos en áreas clave como la protección ambiental, salud pública y los derechos laborales.@mundiario


