El ELN levanta el paro armado en el Chocó y rebaja la tensión en las negociaciones
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha concluido un paro armado que mantuvo a unos 50.000 habitantes del Chocó, Colombia, confinados en sus territorios durante más de una semana. La guerrilla impuso restricciones de movilidad en la zona de los ríos Cajón, Sipí y San Juan, afectando a municipios como Istmina, Medio Baudó, Nóvita y Medio San Juan. Este acto de control territorial, ampliamente rechazado por las autoridades y organizaciones humanitarias, contraviene un acuerdo previo con el Gobierno colombiano para proteger a la población civil de la región.
El cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro, que finalizó el 3 de agosto, no fue renovado, lo que llevó a un incremento de las tensiones y a la imposición del paro armado. La situación se agravó por las acusaciones mutuas de incumplimientos en la mesa de negociación. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por retomar el diálogo, la guerrilla marxista ha condicionado su retorno a la negociación a la eliminación de su nombre de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) mediante un decreto presidencial, lo que impediría que el Ejército realice operaciones en su contra. Esta demanda tiene como fecha límite el 23 de agosto, según el grupo.
Mientras continúan las negociaciones, la Defensoría del Pueblo ha documentado el impacto del paro armado en la región. Durante los ocho días de confinamiento, se registraron varios incidentes trágicos, incluyendo la muerte de una bebé de 18 meses que no pudo ser trasladada a un centro médico, y el fallecimiento de una mujer embarazada junto a su bebé por complicaciones en el parto, debido a la falta de gasolina para llegar a un puesto de salud. La Defensoría ha advertido de que, en lo que va de 2024, el Chocó ha sufrido dos paros armados ilegales, sumándose a los seis que ocurrieron en 2023, lo que pone en riesgo las libertades y derechos de las comunidades afrocolombianas y otras poblaciones étnicas de la región.
El canciller Luis Gilberto Murillo, originario del Chocó y exgobernador del departamento, calificó de "inaceptables" los hechos violentos protagonizados por el ELN y el Clan del Golfo, un grupo rival con el que el gobierno también ha iniciado conversaciones. Murillo destacó el impacto del conflicto en la educación, mencionando que alrededor de 1.000 jóvenes no pudieron presentar la Prueba Saber 11, y que 5.000 niños y niñas se vieron obligados a abandonar sus clases durante el paro armado.
Un escenario recurrente del conflicto armado
El panorama humanitario en el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, sigue siendo sombrío. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ha reportado un aumento del 36 % en el número de personas desplazadas forzosamente entre enero y mayo de 2024, en comparación con el mismo período de 2023. Además, el número de personas confinadas por grupos armados ha aumentado un 171 %, afectando a más de 53.600 personas.
En medio de esta crisis, varias organizaciones sociales, como el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), han intentado mediar entre el ELN y el Gobierno para garantizar la seguridad de la población civil. Acadesan, que representa a unas 15.500 personas, ha implementado desde 2019 un modelo de protección colectiva mediante la construcción de refugios humanitarios, diseñados para resistir ataques armados y almacenar alimentos durante los confinamientos. La organización sigue apostando por el diálogo como la única vía para superar el conflicto en la región.
La región chocoana del litoral del San Juan ha sido un escenario de conflicto armado en Colombia durante décadas, disputada inicialmente por el frente 30 de las extintas FARC y, posteriormente, por el ELN y el Clan del Golfo. Esta área, que conecta el Pacífico con la región del Darién y sirve como ruta hacia Panamá, es clave en los acuerdos humanitarios que el ELN está negociando con el Gobierno. @mundiario
