Elecciones judiciales en México: ¿innovación democrática o consolidación del poder?

México ha protagonizado esta semana un episodio inédito en su historia democrática: la elección directa de los integrantes del Poder Judicial Federal, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, se ha presentado como una renovación institucional profunda que devuelve el poder de decisión al pueblo. Sin embargo, la escasa participación del electorado (13 %) y la falta de competencia real han puesto en duda tanto la legitimidad del proceso como su valor como ejercicio democrático.

El resultado ha sido claro: los nueve candidatos más votados para la Suprema Corte fueron los mismos promovidos por Morena en los llamados “acordeones”, hojas que incluían instrucciones de voto que se distribuyeron masivamente pese a los esfuerzos tardíos del INE por detenerlas.

Entre los nuevos ministros destacan figuras vinculadas al oficialismo, como tres ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel (4,3 %) y Loretta Ortiz (4,1 %), la exconsejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, María Estela Ríos, con el 3,9 % y la actual fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, con el 2,6 %.

El ganador de las elecciones fue Hugo Aguilar, quien se desempeñaba ahora como coordinador de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el 5,1 %; Guiovani Azael Figueroa, coordinador de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México con 2,9 %; Irving Espinosa, actual presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con el 2,87 % y Arístides Guerrero, de 41 años, que será el ministro más joven de esta cúpula del nuevo Poder Judicial tras conseguir el 2,83% de los votos.

El Ejecutivo no ha disimulado su satisfacción. Sheinbaum ha calificado la jornada como un “éxito democrático”, relativizando la baja participación con comparaciones poco rigurosas con procesos anteriores. Pero, ¿puede hablarse de un éxito democrático cuando más del 85 % del electorado se abstuvo o votó nulo? ¿No pone esto en entredicho la legitimidad de quienes ahora ostentarán el máximo poder judicial del país?

¿Una transformación sin ciudadanía?

La baja participación revela un divorcio entre el discurso de renovación institucional y la conexión real con la ciudadanía. En un contexto donde cada votante debía elegir entre cientos de candidatos sin campañas, sin publicidad, sin debates y sin tiempo para conocer sus propuestas, el resultado era previsible: desinformación generalizada, votos nulos masivos (más de 10 millones) y una dependencia casi total del “voto guiado” ofrecido por el partido en el poder.

A ello se suma el hecho de que, con la excepción del académico Giovanni Figueroa, todos los nuevos jueces están vinculados al oficialismo, lo que ahonda las sospechas sobre una captura partidista del Poder Judicial.

En su defensa, Sheinbaum ha recordado que el expresidente Ernesto Zedillo reformó la Corte a su antojo en 1995. Pero en este caso no se trata solo de quién elige a los jueces, sino de cómo se sostiene su legitimidad democrática. Zedillo lo hizo desde el Congreso; Sheinbaum desde una elección con reglas improvisadas, baja afluencia y listas cerradas de facto. La diferencia es sustancial: el mecanismo participativo debía ser garantía de transparencia y pluralidad, pero terminó validando una alineación monocolor que compromete la autonomía judicial.

Además, los efectos trascienden lo simbólico. Con más de 2.700 cargos renovados en juzgados y tribunales de todo el país, el rediseño del sistema judicial mexicano no es menor. Se trata de una reconfiguración profunda que otorga al gobierno una influencia inédita sobre la interpretación y aplicación del Derecho.

¿Oportunidad desperdiciada o avance perfectible?

No faltan voces que ven en esta reforma un paso hacia un sistema más participativo, aunque mal ejecutado. La presidenta ha reconocido que “todo es perfectible” y ha prometido ajustes de cara al proceso de 2027. Pero las críticas no se centran solo en lo técnico, sino en lo estructural: sin una verdadera competencia política, sin información suficiente para el electorado y con una lista única de candidatos afines al oficialismo, la elección pierde su carácter plural y se convierte en un referéndum encubierto sobre la hegemonía de Morena.

La oposición, por su parte, ha vuelto a quedar fuera de juego. Sin una estrategia clara ni una narrativa alternativa eficaz, sus denuncias de fraude o manipulación carecen de eco en la opinión pública. El resultado: un poder judicial rediseñado por un solo actor político y una sociedad cada vez más desmovilizada.

Las elecciones judiciales de 2025 en México dejan una lección clara: el voto popular, por sí solo, no garantiza una democracia. Sin condiciones equitativas, sin pluralismo real y sin ciudadanía informada, el riesgo es que mecanismos concebidos para ampliar la participación terminen legitimando lo contrario: una concentración del poder que debilita el equilibrio de poderes.

La reforma judicial impulsada por Sheinbaum ha sido, sin duda, histórica. Pero si la historia la escriben los vencedores, también será juzgada por su capacidad de fortalecer –o socavar– la independencia judicial en México. De momento, el veredicto ciudadano, con un 13 % de comparecencia, parece más una advertencia que un respaldo. @mundiario