Crisis política en Corea del Sur: el presidente arrestado se niega a declarar a las autoridades
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, cesado por el Parlamento en diciembre y en espera de la confirmación de su destitución por el Tribunal Constitucional, protagoniza una de las crisis políticas más profundas del país asiático. Poco después de su arresto, Yoon se negó a declarar, intensificando la confrontación entre poderes y sumiendo a la nación en una incertidumbre institucional sin precedentes. El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha rechazado revocar la detención, alegando que la medida es legal y necesaria.
El 3 de diciembre, Yoon promulgó la ley marcial en un acto que desató acusaciones de insurrección, abuso de poder y orquestación de un golpe militar. El miércoles, tras semanas de tensiones, Yoon fue arrestado en su residencia presidencial. Se convirtió así en el primer mandatario en funciones de la historia democrática surcoreana en ser detenido. Aunque entregó un mensaje grabado pidiendo evitar “un derramamiento de sangre”, acusó a las autoridades de actuar ilegalmente.
La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) anunció que Yoon se negó a participar en el interrogatorio alegando problemas de salud. Según la agencia Yonhap, sus abogados comunicaron minutos antes de la cita que no asistiría. En su primera jornada de interrogatorios, Yoon ya había evitado responder preguntas durante más de diez horas. La OICAF puede solicitar extender su detención por hasta 20 días mientras avanza en las investigaciones.
El detonante de la crisis fue la declaración de ley marcial el 3 de diciembre, cuando Yoon desplegó tropas en la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores votaran su revocación. A pesar de sus esfuerzos, la moción de destitución fue aprobada con 190 votos de los 300 posibles. Las imágenes de militares bloqueando el acceso al Parlamento generaron indignación y revivieron recuerdos de la era autoritaria del país, que se considera democrática desde la década de 1980.
En Corea del Sur, la insurrección se define como cualquier intento de derrocar instituciones gubernamentales o impedir su funcionamiento mediante el uso de la fuerza. Aunque los presidentes suelen gozar de inmunidad, este privilegio no se aplica a cargos como la insurrección, que puede conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, de facto suspendida desde 1997.
El equipo legal de Yoon ha cuestionado la legitimidad de la detención, argumentando que la orden fue emitida por un tribunal sin jurisdicción. Sin embargo, el Tribunal del Distrito Central de Seúl ratificó su decisión de mantener a Yoon bajo custodia. Mientras tanto, la OICAF lidera las investigaciones, con la colaboración de la Fiscalía y la Policía, en busca de esclarecer los eventos ocurridos durante la promulgación de la ley marcial.
La OICAF, creada en 2020 para combatir la corrupción y equilibrar el poder de los fiscales, enfrenta su mayor desafío con el caso Yoon. Aunque está diseñada para supervisar a altos funcionarios, su papel en casos de insurrección ha sido cuestionado por los defensores de Yoon, quienes consideran que su implicación excede el alcance de su mandato original.
La detención de Yoon ha profundizado la polarización política en Corea del Sur. Simpatizantes del expresidente, que se reunieron en su residencia el día del arresto, denuncian una persecución política, mientras que sus detractores exigen justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La decisión del Tribunal Constitucional sobre el futuro político de Yoon será crucial para determinar el rumbo de esta crisis. @mundiario
