Condenado por insurrección: la caída de Han Duck-soo tras la ley marcial en Corea del Sur

Durante décadas, Han Duck-soo encarnó el perfil clásico del alto funcionario surcoreano: tecnócrata, pragmático y capaz de sobrevivir a gobiernos conservadores y progresistas. Su condena a 23 años de cárcel por insurrección vinculada a la ley marcial decretada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol pone fin a esa trayectoria y sitúa su figura en el centro del episodio institucional más grave vivido en Corea del Sur desde el final del autoritarismo militar.

El tribunal de Seúl concluyó que Han no fue un actor pasivo ni un simple engranaje administrativo. Según la sentencia, incurrió en una “acción clave de insurrección” al dar cobertura legal y procedimental a un decreto que suspendió de facto el orden constitucional, permitió el despliegue del ejército en la Asamblea Nacional y trató de neutralizar el control parlamentario. Los jueces calificaron la ley marcial como un acto insurreccional impulsado desde el propio poder elegido, un “autogolpe” que entrañaba riesgos singulares para la democracia.

El núcleo del caso radica en el papel constitucional del primer ministro. La fiscalía sostuvo —y el tribunal avaló— que Han era la única figura con capacidad efectiva para frenar el decreto: podía negarse a refrendarlo o convocar un gabinete pleno que forzara una deliberación real. En lugar de ello, según la sentencia, garantizó que se cumplieran los mínimos formales para su aprobación y evitó cualquier oposición explícita. Esa omisión activa fue interpretada como una forma de adhesión.

La investigación reconstruyó con detalle las horas previas a la declaración de la ley marcial, anunciada por Yoon la noche del 3 de diciembre de 2024. Imágenes de circuito cerrado mostraron a Han presente en la reunión presidencial, asintiendo mientras se explicaba el plan y recibiendo documentos clave, incluido el borrador del decreto. El tribunal consideró probado que conocía la iniciativa con antelación y que contribuyó a que la reunión del gabinete alcanzara el quórum mínimo, sin permitir un debate sustantivo.

Uno de los elementos más incriminatorios fue una llamada telefónica del 8 de diciembre en la que Han ordenó destruir un documento falso fechado retroactivamente relacionado con la ley marcial. “Hagamos como si mi firma nunca hubiera existido”, dijo, según consta en la sentencia. Para los jueces, este gesto evidenció conciencia de culpa y un intento deliberado de borrar rastros, lo que pesó especialmente en la decisión de imponer una pena superior a la solicitada por la fiscalía.

Además del delito de insurrección, Han fue declarado culpable de falsificación de documentos oficiales, destrucción de registros presidenciales y perjurio durante el proceso de destitución de Yoon. El tribunal subrayó la ausencia de arrepentimiento genuino y el hecho de que el ex primer ministro mantuviera versiones contradictorias y ocultara pruebas a lo largo del juicio.

El tribunal determinó que Han actuó siguiendo las instrucciones de Yoon. Se le encontró culpable de conspirar con el Ministro del Interior para ejecutar órdenes de cortar la electricidad y el suministro de agua a los medios de comunicación considerados hostiles, acciones que el tribunal consideró censura de prensa y una parte operativa clave de la insurrección.

La defensa había pedido una condena limitada a 20 años o inferior, argumentando que Han se encontraba en “estado de shock psicológico” y que su actuación fue meramente técnica. El tribunal rechazó ese planteamiento y también descartó aplicar precedentes de antiguos golpes militares como referencia para la pena, al considerar que este caso presentaba una gravedad distinta: no se trataba de una sublevación externa, sino de una ruptura del orden constitucional desde dentro del propio Gobierno.

La condena llega en un contexto político todavía marcado por las consecuencias del intento de ley marcial. El Parlamento logró bloquear el decreto apenas cinco horas después de su anuncio, pero el daño institucional ya estaba hecho. En abril de 2025, el Tribunal Constitucional destituyó a Yoon, lo que abrió una cascada de procesos judiciales contra los principales responsables de su Ejecutivo. El propio Yoon ya fue condenado a cinco años de prisión por obstrucción de la justicia y abuso de poder, y aún afronta un juicio por liderar una rebelión, en la que la fiscalía ha solicitado la pena de muerte.

Paradójicamente, tras la destitución de Yoon, Han asumió durante semanas la presidencia interina y fue percibido como una figura de estabilidad. Incluso se especuló con su posible candidatura presidencial. Ese capital político se evaporó rápidamente cuando la investigación avanzó y salió a la luz su papel en los hechos. Su intento de competir en las elecciones anticipadas fracasó cuando su propio partido se negó a respaldarlo.

La sentencia de 23 años, superior a los 15 solicitados por la fiscalía, ha sido interpretada por analistas como un mensaje contundente del poder judicial: la responsabilidad en una democracia no se limita a quien firma el decreto, sino que alcanza a quienes, por acción u omisión, facilitan la ruptura del orden constitucional. En el caso de Han Duck-soo, el tribunal consideró que su experiencia, su cargo y su conocimiento de los procedimientos agravaron, y no atenuaron, su responsabilidad.

El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, pero su impacto político y simbólico ya es profundo. Corea del Sur, acostumbrada en las últimas décadas a juzgar a expresidentes por corrupción, entra ahora en un terreno más delicado: el de depurar penalmente la complicidad institucional en un intento de suspensión del sistema democrático. En ese proceso, la figura de Han Duck-soo ha pasado de garante tecnocrático del Estado a ejemplo de cómo el poder administrativo también puede convertirse en actor central de una insurrección. @mundiario