El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: el narcotráfico marca un antes y un después en Uruguay
El ataque contra la casa de Mónica Ferrero, fiscal de Corte y máxima autoridad del Ministerio Público de Uruguay, marca un punto de inflexión en la historia reciente del país. En la madrugada del domingo, dos personas lograron burlar la custodia policial permanente en su domicilio, en el barrio Jacinto Vera de Montevideo, dispararon contra la vivienda e hicieron estallar una granada. Aunque Ferrero y su familia resultaron ilesos, el episodio reaviva el temor a que el narcotráfico haya alcanzado un nivel de violencia sin precedentes en uno de los países considerados hasta ahora más seguros de América Latina.
Ferrero es una figura clave en la lucha contra las drogas: antes de asumir la jefatura del Ministerio Público en 2024 de manera interina como Fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación, había liderado la Fiscalía de Estupefacientes enfrentándose a organizaciones criminales con alcance regional. El ataque, que la investigación vincula con la reciente incautación de 2.200 kilos de cocaína valorados en 50 millones de dólares, supone un golpe directo al corazón del sistema judicial uruguayo y pone en entredicho la capacidad del Estado de proteger a quienes lideran la persecución criminal.
El episodio no es aislado. En 2020, la Brigada Antinarcóticos fue atacada con granadas y en 2024 la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación recibió disparos. Sin embargo, la violencia contra la fiscal de Corte, máxima representante de la justicia, constituye un salto cualitativo que amenaza la independencia institucional.
Uruguay ha gozado durante décadas de la reputación de ser un “oasis” de seguridad en América Latina, con índices de criminalidad más bajos que los de sus vecinos. Sin embargo, en los últimos años se ha consolidado como un país de acopio y tránsito de cocaína hacia Europa, lo que ha multiplicado las ganancias y la violencia de los grupos narcos. El portavoz de la Fiscalía, Javier Benech, fue categórico al afirmar que “ya se han recibido señales de que la criminalidad en Uruguay ha cambiado” y que “no descubro nada si digo que Uruguay ha dejado de ser un país de tránsito a ser uno de acopio con vías a la exportación de estupefacientes”
El atentado contra Ferrero confirma que la violencia del narcotráfico ha penetrado en los cimientos de la vida pública uruguaya, afectando ya no solo a los barrios más vulnerables, sino a las más altas autoridades del Estado.
Unidad frente al crimen organizado
El presidente Yamandú Orsi fue contundente al señalar que Uruguay debe defenderse de “un enemigo muy poderoso”. Convocó a todos los partidos a cerrar filas en defensa de la institucionalidad y anunció que se reforzarán las medidas de seguridad para los funcionarios judiciales en riesgo. La oposición, encabezada por el expresidente Luis Lacalle Pou y el líder del Partido Nacional, Álvaro Delgado, coincidió en calificar el hecho como “un antes y un después en Uruguay”.
Por primera vez en mucho tiempo, la política uruguaya dejó a un lado sus diferencias para enviar un mensaje claro: la democracia no se doblega frente al narcotráfico.
La gravedad del ataque no solo radica en la violencia empleada, sino en lo que simboliza: el crimen organizado ya no se limita a disputas territoriales o ajustes de cuentas, sino que busca amedrentar a la justicia e imponer miedo en el Estado. Para Uruguay, el reto va más allá de reforzar la seguridad: requiere acelerar reformas legislativas como la ley contra el lavado de activos, modernizar los sistemas de inteligencia y atender el reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones criminales en barrios vulnerables.
Un desafío estructural para Uruguay
El atentado contra Ferrero no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el síntoma de un nuevo escenario para Uruguay, en el que el narcotráfico ha escalado hasta desafiar directamente a las instituciones. El país, acostumbrado a vivir en un entorno relativamente seguro, enfrenta ahora el dilema de cómo responder a una amenaza que no reconoce fronteras y que combina dinero, poder y violencia.
Si algo ha quedado claro tras este episodio es que el narcotráfico ya no es una amenaza externa, sino un actor que golpea desde dentro. Uruguay deberá decidir si logra contenerlo con unidad y fortaleza institucional o si permite que este “antes y después” se convierta en el inicio de una erosión más profunda de su democracia. @mundiario
