La aprobación de la reforma judicial de López Obrador apunta a ser inminente
La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de superar todas las resistencias, marcando un cambio drástico en el sistema de justicia de México. La propuesta, que busca que los jueces federales, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sean elegidos por voto popular, parecía un desafío casi imposible a principios de año, incluso dentro del partido oficialista Morena. Sin embargo, con una serie de maniobras políticas y una campaña electoral exitosa, la reforma está ahora en la recta final para su aprobación ante la superrepresentación del oficialismo en el Congreso.
Para lograr este objetivo, Morena necesitaba asegurar una mayoría calificada en las Cámaras del Congreso durante las elecciones de junio. El resultado fue sorprendente: el oficialismo no solo obtuvo una victoria aplastante en la Cámara de Diputados, sino que quedó a un escaño de lograr la mayoría necesaria en el Senado. Este triunfo legislativo ha allanado el camino para que el presidente López Obrador y su partido puedan cumplir con su iniciativa de reformar el Poder Judicial antes de que entregue el poder a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre.
El proceso legislativo avanzó rápidamente. El pasado domingo, la Cámara de Diputados inició el trámite formal al dar publicidad al dictamen de la reforma. Este martes, el pleno, dominado por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), y del Partido Verde Ecológico de México (PVEM), discutirá y votará el dictamen en lo general. Se espera que el miércoles se debatan las reservas presentadas por la oposición, y la aprobación final podría llegar el mismo día o el jueves. Posteriormente, el Senado revisará el dictamen, y con un solo voto más, el bloque oficialista podría consolidar la reforma constitucional.
Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de controversias. Las protestas en contra han sido intensas, con estudiantes de Derecho, jueces, magistrados y empleados de tribunales tomando las calles para manifestar su oposición a lo que consideran una reforma que busca cortar la independencia judicial. La Suprema Corte de Justicia ha decidido ir a un paro de labores, y varios tribunales en los Estados han seguido su ejemplo. Además, jueces en Morelos y Chiapas han emitido resoluciones para intentar frenar el avance legislativo de la reforma, lo que ha llevado a Morena a anunciar posibles juicios políticos en su contra y amenazó con despedir a los trabajadores que se pongan en huelga.
Se cumplen cuatro horas desde la llegada de los primeros trabajadores del Poder Judicial para bloquear los accesos a la Cámara de Diputados; continúan las cadenas humanas para impedir el paso.
— NMás (@nmas) September 3, 2024
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En respuesta a la creciente tensión, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, ha tratado de calmar las aguas, señalando que las denuncias contra los jueces podrían pausarse por el momento. “Creo que ayer (el domingo) se iban a presentar, pero, aun cuando se hayan presentado, hay que darles una pausa”. A pesar de estas tensiones, la Cámara de Diputados ha creado una comisión especial, encabezada por la senadora Olga Sánchez Cordero, para procesar las últimas peticiones de cambios al proyecto de reforma, aunque la oposición considera que esta apertura es más una simulación que un verdadero esfuerzo de diálogo.
Con la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados prácticamente asegurada, la atención se centra ahora en el Senado. A pesar de que Morena necesita solo un voto adicional para ratificar la enmienda, el desenlace dependerá de si ese voto proviene de algún miembro de la oposición, ya sea del: PAN, PRI o Movimiento Ciudadano. La coordinadora de la bancada del PAN, Guadalupe Murguía, ha llamado a la unidad dentro de su partido y entre las fuerzas opositoras para resistir la reforma. “(Tenemos que) mantenernos fuertes, unidos, para honrar la confianza que nos dio un 43% de los ciudadanos que no votaron por el oficialismo”, declaró.
La aprobación inminente de la reforma ha generado preocupación tanto dentro como fuera de México. Los inversionistas temen por la independencia del Poder Judicial, lo que se ha traducido en una presión sobre el peso mexicano. Además, Estados Unidos y Canadá, socios comerciales clave de México, han expresado su preocupación por los riesgos que la reforma podría representar para la democracia y la certeza jurídica en el país. A pesar de todas las advertencias, la reforma judicial avanza hacia su aprobación final, marcando un hito en la administración de López Obrador y planteando importantes desafíos para el futuro de la justicia en México. @mundiario
