Amnistía en Venezuela: consenso para liberar opositores, pero con límites polémicos
Tras semanas de negociación discreta y presiones públicas de familiares y organizaciones de derechos humanos, el Parlamento venezolano ha dado luz verde a una ley de amnistía destinada a cerrar una de las heridas más profundas de la vida política reciente del país: la existencia de presos por causas vinculadas al conflicto político.
El texto, respaldado por oficialismo y oposición moderada, fue remitido de inmediato al Ejecutivo para su promulgación por la presidenta Delcy Rodríguez. La iniciativa aspira a liberar a centenares de detenidos y a eliminar procesos judiciales abiertos contra dirigentes y activistas que permanecen ocultos o fuera del país. Para el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la norma simboliza la posibilidad de inaugurar una nueva etapa política tras años de confrontación.
A quién beneficia… y a quién no
La ley abarca episodios de conflictividad política ocurridos entre 1999 y 2026, incluyendo protestas, procesos electorales controvertidos y el periodo en que el Legislativo estuvo controlado por la oposición. También contempla las tensiones surgidas en las primarias opositoras y en los comicios de 2024, marcados por denuncias de represión.
Sin embargo, el consenso parlamentario tuvo una línea infranqueable: quedan excluidos cerca de dos centenares de militares encarcelados por rebelión. El chavismo defendió esa limitación alegando la gravedad de los delitos, mientras que organizaciones civiles consideran que rompe la universalidad de la medida.
Tampoco se derogó la controvertida legislación sobre “delitos de odio”, usada para perseguir críticas en redes sociales. El propio Parlamento admitió que podría reformarse en el futuro, pero por ahora seguirá vigente.
Cómo se aplicará
Una comisión especial supervisará la ejecución de la amnistía y los tribunales tendrán un plazo máximo de quince días para revisar cada expediente. El texto incluye garantías para los exiliados, que podrán acogerse mediante representación legal sin necesidad de regresar previamente al país, y establece que nadie podrá ser detenido tras solicitar el beneficio.
Además, la norma permite a los beneficiados reincorporarse a la vida política, lo que abre la puerta a recuperar derechos electorales perdidos durante años de inhabilitaciones.
Entre reconciliación y desconfianza
El debate sobre el espíritu de la ley evidenció dos visiones opuestas: para el oficialismo se trata de perdonar delitos; para las ONG, de reconocer que muchos nunca debieron ser considerados tales. Por eso reclaman compensaciones por detenciones arbitrarias, torturas o persecución, aspectos aún sin resolver.
Mientras tanto, familiares de presos mantuvieron vigilias frente a cárceles del país, especialmente en Caracas, exigiendo liberaciones inmediatas. Aunque ya se han producido excarcelaciones recientes, todavía quedarían cientos de casos pendientes.
La amnistía se convierte así en un paso significativo, pero incompleto. Supone un gesto político relevante en un país marcado por la polarización, aunque su verdadero alcance dependerá de cómo se aplique y de si abre, o no, un proceso más amplio de desmontaje de la represión política. @mundiario
