España privatiza las cajas y Galicia sigue enredando

El presidente Zapatero ha pactado con el aspirante a ocupar su cargo, Mariano Rajoy, una medida histórica: la privatización de las cajas de ahorros españolas. Ahora se irá viendo cómo se regula el proceso y hasta dónde llega la participación privada, pero lo cierto es que las cuotas participativas de las cajas tendrán derechos políticos en el futuro. El antes y el después, con los matices que se les quiera poner, está claro. La izquierda ha claudicado. Gana la banca y la derecha; a la postre, el capital. Esta es, sin duda, la noticia del día o, mejor dicho, la noticia del siglo desde un punto de vista financiero, puesto que las cajas son más que centenarias, pero desde Galicia hay más titulares –y de alcance–, ya que un posible acuerdo paritario para el consejo de una hipotética caja fusionada abre la puerta a la controvertida unión de Caixa Galicia y Caixanova.

¿Tienen relación ambas noticias? Puede que sí y puede que no, pero en el nuevo marco legal que se avecina sería absurdo y poco menos que surrealista que Galicia se quedase sin al menos una gran caja de ahorros, por una razón evidente: aunque no fuese posible el acuerdo entre Caixanova y Caixa Galicia, en este país hay capital privado más que suficiente para garantizar la galleguidad de una caja. Y con el horizonte de las cuotas participativas con derechos políticos, son varios los empresarios gallegos que podrían asumir operaciones de ese calado. Y es que de privatizarlas, al menos que se queden en manos gallegas. ¿O no?

Las cosas en Galicia siguen a todo esto enredadas por muy buena voluntad que tuvo la conselleira Marta Fernández Currás al hacer un anuncio que puede hacer historia, como es el mencionado acuerdo paritario para el consejo. Lástima que no contase más, porque así sabríamos de manera oficial lo que sabemos de otro modo. Aunque se ratifique ese acuerdo paritario y los consejos de ambas cajas converjan al 50%, quedaría por decidirse quién tomará las riendas de la nueva caja, donde se da por hecho que sería José Luis Pego, ahora director general de Caixanova. Pero si eso es así, se supone que Caixa Galicia planteará ser sede, mientras seguiría en danza una presidencia compartida, de modo que Julio Gayoso y José Luis Méndez no se apeen de la cúpula antes de que culmine la fusión gallega. En medio también está el Banco de España, por cierto muy cabreado por la ausencia del presidente Feijóo en la reunión de ayer con las cajas. Tanto, que los enviados de Mafo a la supuesta gran cita se levantaron enseguida de la mesa, no sin antes echarle un capote a Caixanova. Aún así, no condicionaron ninguna decisión, salvo la de exigir una salida inmediata al proceso, de lo cual cabe deducir que en las próximas horas volverá a haber reuniones y con versaciones telefónicas de alto voltaje. Entre esas conversaciones estará la que celebrarán el presidente de Caixanova, Julio Gayoso, y el líder del PSOE en Galicia, Pachi Vázquez, cuyo discurso de los últimos días lo siguió ayer al pie de la letra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al decir que apoyaría la fusión gallega sobre la base de un acuerdo entre las cajas, sin entrar a decidir quién debe ser el presidente. El tono de Zapatero fue muy distinto al empleado por el jefe de la Oposición, el pontevedrés Mariano Rajoy, que arremetió contra el vigués Julio Gayoso siguiendo la doctrina dura de Feijóo contra el presidente de Caixanova, a quien, como es bien sabido, quiso mandar para casa con el pretexto de la edad. Rajoy, que ahora dice todo lo contrario de lo que empezó diciendo sobre la fusión –hace unos meses advirtió en público y en privado de que era mala porque destruía empleo y ahora le parece fantástica–, incurre en una trampa que algunos pretenden extender por Galicia adelante: Gayoso es el malo de la película y el culpable de que no haya fusión, como si el presidente de Caixanova actuara a título personal y detrás no tuviese a un consejo de administración, a una asamblea general y a un equipo profesional que defiende los intereses de su caja. Incluso a toda una ciudad como Vigo que resulta que es la primera de Galicia por población.

Pero volvamos al acuerdo de Zapatero y Rajoy, que parece nuevo pero no lo es tanto. El Gobierno socialista lleva ya varios meses trabajando en ese escenario para dotar de derechos políticos a las cuotas participativas, unos instrumentos parecidos a las acciones que tienen derechos económicos –permiten, por ejemplo, el cobro de dividendos– pero que a día de hoy no dan derechos de voto (derechos políticos) a sus titulares. Por tanto, con la medida acordada por el presidente con el jefe de la Oposición se abre la puerta a la privatización de las cajas, lo que desembocará en un nuevo escenario para el sector financiero, donde las entidades de ahorro ocupan más o menos la mitad del terreno de juego que le disputa la banca.

Las cuotas sin derechos políticos, creadas en 1990, fueron reformuladas en 2004, si bien su alcance es por ahora muy limitado. Siempre fueron vistas con recelos por los sindicatos, que ya alertaron entonces de que serían la antesala de la privatización. Para las cajas, especialmente en momentos de crisis como los de ahora, se trata de un instrumento muy importante, ya que las cuotas participativas permiten captar recursos y reforzar los ratios de capital, al computar como recursos propios de primera categoría (tier 1, en el argot de los financieros). Caja Mediterráneo, conocida por la CAM, la pionera en la emisión de cuotas participativas, dio el paso cuatro años después de regularse su emisión y con ello logró captar unos 300 millones de euros.

Aunque no lo dijeron, no hace falta ser un lince para descubrir otro objetivo común de Zapatero y Rajoy: reducir el poder e influencia de los gobiernos autónomos en las cajas, de las que ahora son supervisores, del mismo modo que el Banco de España.

Seguramente estamos ante la primera gran medida de recuperación de poder de Madrid frente a las autonomías, cuya capacidad de controlar sus cajas y de prohibir fusiones entre entidades de diferentes comunidades siempre ha inquietado al Banco de España y al propio Gobierno, del mismo modo que a la Oposición conservadora.

Lo hemos contado aquí pero procede repetirlo una vez más: ahora estamos hablando mucho de las cajas, pero también llegará el día en que hablaremos de los problemas de los bancos, sobre todo de los de menor tamaño. Lo que sucede es que para entonces la banca se saneará jugando con la ventaja de haber eliminado una parte importante de la competencia de las cajas, cuyo proceso de fusiones deberá estar encauzado el 30 de junio, según pactaron también ayer Zapatero y Rajoy.