El escándalo Julio Iglesias se agrava: la Fiscalía escuchará a dos extrabajadoras bajo protección
El ministerio público no ha confirmado oficialmente la citación ni ha facilitado detalles sobre el calendario o la forma de la comparecencia —que podría realizarse por vía telemática— alegando el carácter secreto de las diligencias. No obstante, la ONG sostiene que la Fiscalía ya ha adoptado la decisión de escuchar a las denunciantes y de aplicarles medidas de protección reforzadas debido a la desigualdad de poder entre las partes.
Los hechos denunciados se remontan a 2021 y, de acuerdo con la documentación presentada, podrían encajar en delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y servidumbre, así como en delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, incluyendo acoso, agresión sexual y lesiones.
Relatos de violencia, control y sometimiento
Una de las denunciantes, que trabajaba en el servicio doméstico, asegura que fue presionada para mantener relaciones sexuales con el cantante y describe episodios de penetraciones, agresiones físicas, bofetadas, humillaciones y vejaciones verbales. La segunda mujer, fisioterapeuta, denuncia tocamientos no consentidos durante su trabajo. Ambas coinciden en relatar un clima de intimidación constante, con insultos y abusos durante largas jornadas laborales.
Las dos mujeres —identificadas con nombres ficticios para preservar su identidad— describen un entorno de control extremo en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas: ausencia de contrato laboral, restricciones a la libertad de movimiento, inspecciones de sus teléfonos móviles y exigencia de someterse a pruebas médicas periódicas, incluidas revisiones ginecológicas. Según su testimonio, el control diario lo ejercían personas de máxima confianza del entorno del cantante.
La clave jurídica: trata y abuso de poder
Desde Women’s Link subrayan que la concesión del estatus de testigo protegido es esencial en un caso en el que el denunciado “ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes”, lo que habría incrementado su vulnerabilidad. La organización ha solicitado además medidas de protección extensivas a los familiares de las mujeres.
La Fiscalía deberá resolver ahora tres cuestiones clave: si la justicia española tiene jurisdicción para investigar los hechos, qué órgano sería competente y por qué delitos concretos podría formularse una acusación. En función de ese análisis, el ministerio público podrá presentar una querella formal o archivar las diligencias si considera que no existen elementos suficientes.
Desde el punto de vista jurídico, la organización denunciante sostiene que concurren los elementos propios del delito de trata: captación mediante engaño, traslado y aislamiento del entorno de origen, y una finalidad de explotación sostenida en el abuso de poder. Las denunciantes afirman que desconocían las condiciones reales del trabajo y que fueron seleccionadas por su edad, origen social y perfil personal.
Un patrón estructural de violencia
Expertas en derechos humanos presentes en la presentación pública del caso han advertido de que los hechos relatados no son excepcionales, sino que encajan en patrones internacionales de explotación de mujeres migrantes, especialmente en contextos de alta desigualdad económica y dependencia laboral. La ausencia de contratos, la normalización de jornadas abusivas y el control del cuerpo y del tiempo aparecen como elementos recurrentes en este tipo de situaciones.
Mientras la Fiscalía avanza en su análisis, las denunciantes reclaman un proceso que garantice verdad, justicia y reparación, y que evite cualquier forma de revictimización. La causa, aún en fase preliminar, abre un escenario judicial complejo en el que la Audiencia Nacional deberá determinar si los hechos denunciados pueden ser perseguidos desde España y bajo qué marco penal. @mundiario
