El Tribunal de Cuentas defiende su función de controlar el dinero público

Sede del Tribunal de Cuentas. / Twitter.
Sede del Tribunal de Cuentas. / Twitter.

El órgano fiscalizador responde a las recientes críticas del Gobierno y los partidos independentistas por haber emitido un fallo contra la promoción exterior de los indultos. 

 

El Tribunal de Cuentas defiende su función de controlar el dinero público

En medio de una ola de críticas, el Tribunal de Cuentas ha salido al paso para responderlas. Mediante una nota aclaratoria, el órgano fiscalizador ha defendido su actual composición, con siete de sus once consejeros elegidos a propuesta del PP, y la tramitación del expediente contra dirigentes independentistas por supuesta responsabilidad contable relacionada con los fondos gastados indebidamente en la acción exterior para buscar apoyo internacional al procés.

El Tribunal de Cuentas aclara que “es un órgano constitucional (artículo 136 de la Constitución española) que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico”. Además, señala que “ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función”.

El órgano fiscalizador explica que “los informes de fiscalización son aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos”, para añadir que “el destinatario principal de dichos informes son las Cortes Generales”. Indica sobre la relevancia del tribunal que su “misión” es “contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional”.

El Tribunal de Cuentas también quiere dejar claro con su comunicado que no es un órgano político, sino garante de la legalidad en un ámbito concreto, el del control del buen uso del dinero público. El comunicado destaca en este sentido que el tribunal “ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos”. 

El Tribunal de Cuentas reivindica, en suma, sus competencias para llevar a cabo procedimientos que, en definitiva, se atienen a reglas procesales concretas y concluyen por sentencia, recurrible, en su caso, ante el Tribunal Supremo. Finalmente, apunta que “los consejeros y consejeras de cuentas de la institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución”. 

“El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes”, finaliza. 

Según fuentes de El País, el propio tribunal han admitido que esta primera afirmación de su comunicado pretende esencialmente salir al paso de la idea de que este organismo esté al servicio de partido político alguno, y singularmente del PP, dada su actual mayoría conservadora. Y, además, romper el silencio y responder a las críticas del Gobierno y los independentistas por sus recientes fallos. @mundiario

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