Trabajo arremete contra Garamendi y lo sitúa “más cerca de Milei, Trump y Vox”
El clima entre el Ministerio de Trabajo y la patronal española ha pasado de la tensión habitual del diálogo social a un enfrentamiento abierto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha lanzado este jueves una de las críticas más duras que se recuerdan contra el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al asegurar que su posición política está “más cerca” de líderes como Javier Milei, Donald Trump y del partido Vox que de los intereses de las empresas a las que representa.
La acusación no llega en un vacío político. Se produce después de que la patronal CEOE y Cepyme decidieran dejar vacías sus sillas en la mesa de diálogo social convocada por el Ministerio de Trabajo para debatir una futura ley sobre participación de los trabajadores en las empresas. Para el Gobierno, la ausencia de los empresarios rompe una de las bases sobre las que se ha construido la política laboral de los últimos años: la negociación tripartita entre Ejecutivo, sindicatos y patronal.
La escena resultó significativa. En la sala estaban los sindicatos, el equipo del Ministerio y la propuesta sobre la mesa. Faltaba uno de los actores fundamentales: los representantes empresariales. En ese vacío simbólico, el Ejecutivo decidió elevar el tono. Pérez Rey no solo lamentó la ausencia, sino que la interpretó como una señal de radicalización de la patronal.
En su intervención, el número dos de Trabajo sostuvo que la decisión de la patronal supone una ruptura sin precedentes reciente en el diálogo social. Según recordó, es la primera vez en seis años que las organizaciones empresariales se ausentan de una negociación de este tipo. Para el Gobierno, el gesto no es un simple desacuerdo táctico, sino una señal política. El trasfondo del choque es la propuesta del Ministerio para desarrollar el artículo 129 de la Constitución y promover mecanismos de participación de los trabajadores en la gestión empresarial, una idea que el departamento que dirige Yolanda Díaz considera clave para modernizar el modelo productivo.
El choque por la “democratización” de las empresas
La iniciativa que ha desencadenado el conflicto pretende abrir la puerta a que los trabajadores participen en los consejos de administración o en la propiedad de las empresas. El Gobierno sostiene que este modelo no es una extravagancia ideológica, sino una práctica extendida en varios países europeos.
Pérez Rey mencionó explícitamente ejemplos como Alemania o Países Bajos, donde existen mecanismos de cogestión o representación laboral en la gobernanza empresarial. En su opinión, presentar estas fórmulas como propias de sistemas autoritarios —tal como, según el Gobierno, insinuó la patronal— supone una interpretación “inaceptable”.
Desde la óptica del Ministerio, el argumento empresarial no solo es exagerado, sino que ignora experiencias que han demostrado ser compatibles con altos niveles de productividad y competitividad. De ahí que el secretario de Estado calificara algunas de las críticas de la patronal como “verdaderas salvajadas”.
El diálogo social entra en una fase de máxima tensión
El choque revela algo más profundo que una discrepancia puntual sobre una ley. Durante la legislatura, el Gobierno ha presumido de haber sacado adelante reformas laborales importantes gracias al acuerdo con sindicatos y empresarios. Ese equilibrio ha sido uno de los pilares del relato político del Ministerio de Trabajo.
La ruptura simbólica de esa dinámica introduce una incógnita sobre el futuro de la negociación social en España. Si la patronal se mantiene fuera de la mesa, el Ejecutivo podría optar por impulsar la legislación con el apoyo de los sindicatos y del Parlamento, lo que transformaría la lógica de consenso que ha dominado los últimos años.
Pérez Rey lanzó incluso una advertencia implícita al señalar que las organizaciones empresariales tienen “muy pocos cometidos más que dialogar para mejorar el sistema productivo”. El mensaje apunta a una idea clara: si la patronal abandona la mesa, pierde su papel como interlocutor privilegiado.
La comparación de Garamendi con figuras como Milei o Trump eleva el conflicto al terreno ideológico. No se trata solo de un debate sobre modelos empresariales, sino de una pugna sobre el rumbo político y económico del país.
El Gobierno intenta presentar la propuesta como una modernización democrática de la empresa, mientras que parte del mundo empresarial la percibe como una intervención excesiva en la gestión corporativa. Entre ambos relatos se abre una grieta que puede marcar el tono de la relación entre Trabajo y la patronal durante los próximos meses. @mundiario
