El Supremo tumba la oferta de empleo público por ignorar la promoción interna

El Tribunal Supremo ha dado un golpe de autoridad en la estructura de la función pública. Al anular la oferta de empleo público del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias de 2024, no solo corrige un error administrativo, sino que recuerda que la promoción interna no es un privilegio opcional, sino un derecho regulado y protegido por la normativa específica del sector. La controversia se centraba en la distribución de 118 plazas: 73 para el turno libre y apenas 45 para promoción interna, un 38% frente al 60% que establece la legislación histórica de 1977.

El fallo, solicitado a través de un recurso por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), subraya la vigencia de un principio muchas veces ignorado: el de ascender dentro de la administración en igualdad de condiciones y con posibilidades reales de desarrollo profesional. La Abogacía del Estado había defendido que la norma era preconstitucional y que, de hecho, la legislación posterior solo exige un mínimo del 30%. El Supremo, sin embargo, recuerda que la norma sectorial específica no contradice la Constitución ni las leyes posteriores, y que, por tanto, es plenamente aplicable.

Este dictamen va más allá de un simple cálculo de plazas. Envía un mensaje claro: los ascensos internos, la promoción profesional y la gestión eficiente de los recursos humanos son pilares esenciales para la estabilidad y la eficacia del Estado. Modula, además, el principio de libre concurrencia en la función pública, mostrando que la igualdad de acceso no puede ignorar las necesidades de carrera y la incentivación de los funcionarios que ya forman parte de la administración.

La decisión no solo corrige un desajuste administrativo, sino que abre la puerta a repensar cómo se estructuran las ofertas de empleo público. La promoción interna no es un gesto de cortesía, sino una herramienta estratégica para retener talento, fortalecer la carrera profesional y asegurar que quienes conocen la administración puedan escalar dentro de ella. La nulidad dictada por el Supremo obliga a reorganizar las plazas de 2024 respetando el porcentaje legal, y sirve de recordatorio a los responsables de Recursos Humanos de que las leyes sectoriales deben cumplirse.

Promoción interna: un derecho, no un capricho

El fallo del Supremo pone de relieve que la promoción interna tiene un doble valor: emocional y funcional. Para los funcionarios, representa un reconocimiento de esfuerzo y experiencia; para la administración, garantiza eficiencia y continuidad en la gestión de recursos humanos. Ignorar este equilibrio no solo vulnera la normativa, sino que desincentiva la formación, la motivación y la retención de talento en el sector público.

Negociaciones en curso: hacia carreras más ágiles

Precisamente, la CSIF y otras federaciones de la función pública están aprovechando este momento para negociar mejoras en las condiciones laborales. Entre los objetivos destacan la creación de itinerarios de carrera más ágiles, con formación homologada y procesos diferenciados de promoción interna. Esto busca no solo corregir errores puntuales, sino transformar la estructura de empleo público hacia modelos más justos y eficientes.

La sentencia es una advertencia: los principios de promoción profesional y discriminación positiva no son conceptos abstractos. Son mecanismos legales que deben aplicarse, especialmente en sectores con funciones especializadas y jerarquías complejas, como Instituciones Penitenciarias. Ignorarlos puede derivar en nulidades, paralizaciones y conflictos que afectan a los propios funcionarios y a la eficacia de la administración.

En definitiva, el Supremo ha recordado que las normas históricas, aunque antiguas, tienen un peso vigente en la función pública y que la promoción interna no es negociable. La administración no solo debe garantizar igualdad de acceso, sino también respeto a la carrera profesional de quienes la conforman. @mundiario