La querella contra José María Arias puede tener más calado mediático que financiero
Acudió al juzgado imputado por los presuntos delitos de administración fraudulenta, falsedad documental, delito societario y otros dos relativos al mercado y los consumidores.
El presidente del Banco Pastor, José María Arias, se vio obligado a acudir a los juzgados de A Coruña para declarar como imputado por los presuntos delitos de administración fraudulenta, falsedad documental, delito societario y otros dos relativos al mercado y los consumidores.
Donde las dan las toman, se podría decir de una forma castiza. Poco se podría imaginar el fenecido Banco Pastor y su antiguo presidente que cuando hace unos años su banco presuntamente 'presionaba' a un cliente con desvelar posibles trapos sucios para cobrar una deuda, años más tarde iba a costarle un paseíllo como imputado en los juzgados de instrucción de la ciudad que, gracias a su nefasta gestión, perdió la sede de un entidad financiera histórica, levantada en el franquismo por Pedro Barrié de la Maza.
Esta semana les tocó sonreír a los hermanos Frade Gobeo. Javier, el otrora factótum de la todopoderosa Industrias Cárnicas Vilaró, la Pescanova de Girona, hoy desaparecida después de un proceso concursal oscuro y tenebroso donde el Banco Pastor tuvo un papel especialmente protagonista, e Iñaki, director del Bufete Frade Gobeo, y que ha conseguido imputar a la cúpula del banco que, a su entender, provocó el hundimiento de la emblemática empresa gerundense. Cría cuervos o, mejor dicho, elige a tus clientes, y te comerán los ojos... pensará alguno.
Esta semana les tocó no dormir a los hermanos Arias. Imaginemos las complicadas explicaciones que tuvieron que dar a sus ilustres compañeros de consejo, como José Arnau, mano derecha de Amancio Ortega, o a Joaquín del Pino, representante de la todopoderosa Casagrande de Cartagena. Una cosa es perder hasta la camisa y otra es poder acabar imputado por una especie de vendetta de un carnicero nefastamente gestionada por la desaparecida entidad financiera de José María Arias. En esta ocasión, el consejero Gonzalo Gil, ex director general del Banco de España, y que puede que fuese tan útil para otras situaciones críticas, poco va a poder ayudar ante un órgano jurisdiccional de "provincias".
Que nadie se escude en lo ridículo de la querella. El objetivo ya está cumplido y el daño, causado. Hoy en toda la España financiera no se habla de otra cosa y el daño reputacional es difícilmente reversible en un negocio que se basa en el crédito, en la credibilidad. Arias es -todavía- vicepresidente del Banco Popular.
El fondo de la querella
Aun así, es necesaria una reflexión sobre la formación y cocimientos sobre banca de los órganos jurisdiccionales. La querella que se movió entre A Coruña y Madrid presenta algunos errores conceptuales de bulto: simplifica de forma absurda la gestión tesorera de una entidad de crédito, el GAAP en nada se parece a la “cutre” pirámide expuesta por el querellante, confunde saneamiento de todos los activos de balance con el deterioro de las filiales inmobiliarias, pretende deteriorar al 100% el valor de estas filiales cuando ninguna norma lo exige y, en especial, pasa por alto las llamadas Circulares Contables del Banco de España, que le son desconocidas, de ahí que considere con valor cero estas filiales sin una sola mención a los activos inmobiliarios que poseen y a su valor de mercado.
En definitiva, parece improbable que el asunto acabe llegando lejos, una vez sea analizado a fondo por algún órgano jurisdiccional con un cierto conocimiento del negocio bancario. Dicho en otras palabras: la querella contra José María Arias puede tener más calado mediático que financiero.
La cuestión también es, en cierto sentido, si España tiene suficientes jueces capaces de distinguir el heno de la paja en lo que a gestión bancaria se refiere.
Si pensamos un poco, seguro que se nos ocurren otras conductas del ex presidente Arias y de su equipo no menos merecedoras de análisis en la jurisdicción que las reflejadas y aceptadas en este caso. ¿O no?
