¿Qué es okupación, usurpación y allanamiento de vivienda?

Una protesta contra los okupas. / RR SS
Una protesta contra los okupas. / RR SS
A nivel jurídico, no existe como tal el delito de okupación, sino que puede ser de usurpación o de allanamiento de morada.
¿Qué es okupación, usurpación y allanamiento de vivienda?

Okupación, usurpación y allanamiento de vivienda son términos que se confunden a menudo en el lenguaje coloquial. Los tres se refieren al uso de una vivienda ajena, pero las penas y el bien protegido jurídico varían en cada caso, partiendo de que, a nivel jurídico, no existe como tal el delito de okupación, sino que puede ser de usurpación o de allanamiento de morada.

La okupación no es, por tanto, un término jurídico, al no estar incluido en el Código Penal español. Es una forma coloquial de referirse al acto de instalarse en un inmueble ajeno. Por lo tanto, no es posible utilizar este concepto para iniciar una acción legal. Lo que se necesita determinar es si se trata de usurpación o de allanamiento de morada.

Para diferenciar la usurpación del allanamiento de vivienda es necesario determinar si el inmueble constituye una morada. La morada se refiere a cualquier inmueble utilizado como residencia o domicilio donde se llevan a cabo actividades privadas. Esto incluye el interior de la vivienda, anexos, caravanas, locales comerciales, habitaciones de hotel o tiendas de campaña.

- La usurpación se produce cuando se entra en una propiedad deshabitada y contra la voluntad de los propietarios, la mayoría de los casos. La usurpación es, por tanto, la ocupación ilegal de una vivienda deshabitada sin el consentimiento de los propietarios. Es un delito tipificado en el Código Penal (artículo 245) y conlleva una sanción económica de tres a seis meses, ya que el inmueble no se considera morada.

- El allanamiento de morada se da cuando la casa sí está habitada y se entra contra la voluntad de los propietarios. Se trata de un delito penado (artículo 202 del Código Penal) con entre seis y dos años de cárcel. Si se comete con violencia, la pena se eleva a entre uno y cuatro años, además de una multa de hasta un año.

Desde julio de 2018, los propietarios o poseedores legítimos de viviendas okupadas tienen más fácil recuperar la posesión de su casa

Además, la expulsión de okupas no es igual que la de inquilinos que no pagan el alquiler. En el caso de la llamada inquiocupación, se trata de personas que firman un contrato legal, pagan los primeros meses, pero dejan de hacerlo posteriormente. En consecuencia, también hay diferencias entre un desahucio a un okupa y un desahucio a un inquilino. La existencia del contrato de arrendamiento hace que la situación sea completamente diferente, al menos en el aspecto legal y de procedimiento. Si la okupación se produce porque un inquilino ha dejado de pagar sus cuotas, no se puede proceder al desalojo hasta que un juez lo decrete. En esta casuística también entrarían aquellos inquilinos que siguen residiendo en la propiedad una vez que ha vencido el plazo del contrato y no ha sido renovado, aunque no haya impagos. En ambos casos, el desahucio lo tiene que decretar un juez.

Existen desahucios por precario o desahucios por impago. El primero es el que tiene que emprender el propietario cuando su vivienda ha sido okupada por una persona o personas que no tenían un contrato de alquiler, mientras que el segundo caso se da cuando el inquilino deja de pagar o sigue viviendo en la propiedad una vez vencido el plazo del contrato del alquiler.

En el proceso para recuperar una vivienda, los propietarios deben certificar si son grandes tenedores y si los ocupantes la utilizan como residencia habitual. Si no es así, su demanda de desalojo no será admitida, especialmente para los pequeños propietarios. Los grandes tenedores también deben demostrar la situación económica del ocupante para determinar si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Si no pueden demostrar que se ha realizado un proceso de conciliación o intermediación, se cancelarán todas las demandas.

Vías de denuncia

En casos de allanamiento de morada o usurpación, es importante denunciar. Existen varias alternativas legales para aquellos que sean víctimas de la okupación de una vivienda y deseen recuperarla. Estas alternativas se dividen en dos vías legales: la vía penal y la vía civil, cada una con sus propias características y procedimientos.

En la vía penal se puede presentar una denuncia por delito de allanamiento de morada o usurpación de inmueble, dependiendo de si la vivienda es habitual o está vacía. Esta opción implica involucrar al sistema judicial y perseguir el delito mediante el proceso penal correspondiente.

También existe la vía civil, que cuenta con un procedimiento exprés que está en vigor desde julio de 2018. Esta vía se enfoca en la resolución de conflictos mediante acciones legales y procedimientos civiles específicos. Hay factores que pueden incluir las condiciones tanto del ocupante como del afectado, las características del inmueble, los costes que el afectado puede asumir, el tiempo que lleva ocupada la vivienda y la carga de trabajo del juzgado competente.

- En el caso de allanamiento, la policía puede expulsar a los ocupantes ilegales mientras se inicia el procedimiento, siempre y cuando no haya dudas sobre la comisión de un delito. Si existen interrogantes, se debe esperar a que finalice el proceso, que puede durar alrededor de un año.

- En el caso de la usurpación, al no tratarse de un allanamiento de morada, el procedimiento es más lento. Es considerado un delito más leve, y la policía solo intervendrá si hay otros delitos implicados. La justicia no le otorga tanta prioridad, lo que puede resultar en meses antes de la expulsión de los ocupantes no deseados. @mundiario

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