Las pymes crean un frente contra el Gobierno por la reducción de la jornada
La iniciativa del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral, que volverá a ser debatida en la mesa de negociación la próxima semana, ha generado una fuerte reacción por parte de las pymes, que ven en esta propuesta una amenaza a su viabilidad económica. Más del 90% del tejido empresarial del país alega que la reducción del tiempo de trabajo sin un recorte salarial podría llevarlas al borde del colapso.
Las críticas desde las organizaciones que agrupan a las pymes han escalado a un tono inusualmente bronco, algo que contrasta con su habitual discreción en comparación con la más beligerante CEOE. Aunque las tensiones se han moderado tras los últimos encuentros, las posturas siguen siendo irreconciliables, y nada indica que el acuerdo pueda alcanzarse en el plazo que el Gobierno se ha marcado.
José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de la medida. “La reducción de la jornada laboral puede estar bien intencionada, pero si se implementa incorrectamente, podría tener efectos desastrosos para las pymes, nuestra economía y la generación de empleo”, advirtió Torres.
En un giro inédito, las principales organizaciones empresariales de pymes, pese a sus habituales desavenencias, han unido fuerzas en contra de la propuesta. Tanto Conpymes como la catalana Pimec y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) coinciden en que la reducción de la jornada laboral afectará gravemente a las pymes, que carecen de los recursos de las grandes empresas para afrontar este cambio.
Falta de representatividad
“Las pymes no podrán absorber los incrementos de costes que esta medida significa, a diferencia de las grandes empresas, lo que resultará en una pérdida de competitividad y una mayor dificultad para sobrevivir”, señaló Torres, quien además criticó la falta de representatividad de las pymes en el diálogo social. Antoni Cañete, presidente de Pimec, fue aún más allá al afirmar que “no se puede legislar sin tener en cuenta las diferencias sectoriales y de tamaño empresarial”.
El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado de que la reducción de la jornada laboral equivaldría a “regalar casi 12 días de vacaciones pagadas por la empresa al año” y que muchos convenios laborales podrían paralizarse si la medida se lleva a cabo.
La falta de consenso entre las organizaciones empresariales se ve agravada por la lucha interna por la representatividad. Mientras CEOE y Cepyme rechazan la legitimidad de Conpymes y Pimec, estas últimas denuncian que los intereses de las pequeñas y medianas empresas no están siendo defendidos adecuadamente en las negociaciones.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, ha acusado al Gobierno de llevar a cabo un ataque contra los empresarios y de intentar imponer “tesis de control público y planificación económica”, afirmaciones que han sorprendido incluso a otros líderes empresariales. En medio de estas tensiones, la posibilidad de un acuerdo en septiembre parece cada vez más remota. Las pymes, mientras tanto, temen que el peso de una decisión unilateral pueda tener consecuencias irreversibles para su futuro. @mundiario
