¿El fin de la guerra comercial? La política arancelaria de Trump lucha por mantenerse a flote
La política comercial del presidente estadounidense Donald Trump ha recibido uno de los reveses más significativos desde su regreso a la Casa Blanca. Un tribunal federal de apelaciones en Washington falló, por siete votos contra cuatro, que el mandatario excedió las atribuciones de su cargo al imponer aranceles generalizados bajo el amparo de la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). La resolución no invalida de inmediato las medidas, pero deja claro que la estrategia arancelaria del republicano se encuentra en terreno frágil.
El núcleo de la disputa se centra en la interpretación de la IEEPA, una norma de 1977 que permite al presidente adoptar medidas económicas frente a emergencias nacionales. Tanto el tribunal de comercio en primera instancia como la corte de apelaciones han coincidido en que dicha ley no faculta la imposición de impuestos o gravámenes a las importaciones, competencias que pertenecen en exclusiva al Congreso de EE UU. En sus conclusiones, los jueces subrayaron que en ningún punto del texto aparecen términos como “aranceles” o “impuestos”, lo que deja sin sustento legal la justificación de Trump.
Este fallo afecta directamente a los denominados “aranceles recíprocos”, aplicados contra más de 60 países, entre ellos India, Brasil, México y China. Algunas de estas tarifas alcanzaban hasta un 50%, mientras que la mayoría de los países enfrentaba un gravamen mínimo del 10%.
Quedan en cuestión, por tanto, las tasas impuestas contra México y China bajo el argumento de que no combatían con eficacia el tráfico de fentanilo, así como las decretadas contra India por sus compras de petróleo ruso. En cambio, el dictamen no afecta a los aranceles sectoriales sobre automóviles, acero o aluminio, ni a las tasas contra China heredadas de la primera presidencia de Trump, que fueron mantenidas también por la Administración de Joe Biden.
La Administración republicana ha reprochado la decisión y argumenta que el impacto económico del fallo judicial es considerable. Desde principios de año, el Tesoro estadounidense ha recaudado alrededor de 159 000 millones de dólares en ingresos por aranceles, más del doble que en el mismo período del año anterior.
Una eventual anulación de los gravámenes podría no solo eliminar una de las fuentes de financiamiento del Gobierno tras el recorte de impuestos impulsado por Trump, sino también obligar a devolver sumas millonarias a empresas importadoras. En ese escenario, la estabilidad de varios acuerdos comerciales bilaterales, cerrados bajo la presión de los aranceles, también podría verse comprometida.
Desde el punto de vista político, el fallo debilita la imagen de Trump como negociador duro y capaz de moldear el comercio global según los intereses de Estados Unidos. Sus adversarios celebran la sentencia como un recordatorio de los límites constitucionales al poder presidencial, mientras que sus seguidores advierten de que sin estas herramientas el país quedará en desventaja frente a competidores internacionales.
El propio mandatario, en redes sociales, alertó de que aplicar el dictamen “literalmente destruiría a Estados Unidos”. El Departamento de Justicia también advirtió en un escrito legal que revocar los aranceles podría suponer una “ruina financiera” para Estados Unidos.
Además, el fallo también podría dejar a Trump en una posición débil a la hora de intentar imponer aranceles en el futuro. El presidente dispone de otras leyes para imponer tarifas a la importación, pero estas limitarían la rapidez y la severidad con la que podría actuar.
Por lo tanto, la Casa Blanca apunta al Tribunal Supremo, que con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas podría convertirse en el salvavidas político de Trump. La Administración tiene de plazo hasta el 14 de octubre para apelar, y todo indica que el presidente se inclinará por esa vía. De prosperar sus aranceles, reforzaría su autoridad en política comercial; si se confirma el fallo en su contra, sus márgenes de maniobra quedarían severamente limitados y tendría que apoyarse en otras leyes que le conceden menos flexibilidad y rapidez de acción.
El futuro de la política arancelaria de Trump depende ahora de una batalla legal en la que no solo está en juego la recaudación fiscal y la balanza comercial, sino también la credibilidad del liderazgo económico con el que tanto alardeó en campaña electoral. @mundiario