Pisos turísticos en Madrid: el 90% sigue al margen del registro oficial

Madrid presume de ser una capital moderna, abierta al mundo y con una creciente atracción turística. Pero bajo esa fachada se esconde un problema que distorsiona tanto el mercado del alquiler como la convivencia vecinal: el descontrol de los pisos turísticos. Con la entrada en vigor definitiva del nuevo registro europeo de viviendas de corta estancia, España ha dado un paso adelante. Sin embargo, Madrid parece haber decidido mirar hacia otro lado. Apenas un 10% de sus apartamentos turísticos están inscritos en el registro oficial. Es un dato demoledor que no solo refleja desobediencia, sino una falta de voluntad política para atajar una burbuja que afecta a miles de vecinos.

La cifra no admite matices: de los más de 17.000 pisos turísticos que el INE detectaba en noviembre en la capital, apenas 1.700 han solicitado su inscripción. Ni siquiera se trata de un proceso nuevo. Desde el 2 de enero ya era obligatorio registrarse, aunque se concedió una moratoria de seis meses para facilitar la transición. Ese plazo ha expirado, y lo que queda al descubierto es la ineficacia de las medidas locales y el fracaso en la aplicación de las normas.

En comparación, otras ciudades han cumplido. Barcelona, con su historial de políticas restrictivas frente al turismo masivo, tiene un 64% de sus pisos turísticos registrados. Málaga, que también sufre una fuerte presión inmobiliaria, alcanza el 85%. Mientras tanto, Madrid parece haber construido un paraíso para la opacidad, donde los beneficios privados pesan más que el bienestar colectivo.

A esta laxitud se suma la dejadez institucional. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, ha sido tibio en su respuesta. Tras criticar la normativa heredada de Manuela Carmena, no solo no ha aportado un marco más eficaz, sino que ha propiciado una suerte de tierra de nadie, donde los pisos turísticos operan sin control ni fiscalización. La falta de inspectores es solo la punta del iceberg. La verdadera pregunta es: ¿quién se beneficia de que no se cumpla la ley?

Un mercado de alquiler al límite

Este vacío legal tiene consecuencias graves. La escasez de viviendas de alquiler en Madrid no es un fenómeno aislado, sino parte de un desequilibrio estructural que se agrava cuando miles de inmuebles se desvían hacia el turismo. Mientras tanto, jóvenes, trabajadores y familias buscan hogar en un mercado cada vez más inaccesible, donde los precios suben sin freno y la oferta se reduce artificialmente.

Tanto los pisos turísticos como los contratos de temporada, muchas veces utilizados como tapadera para eludir el control de rentas, representan un drenaje silencioso. Una vivienda que se alquila por días a turistas no está disponible para quienes quieren establecerse. La rotación constante y los precios desregulados fomentan la especulación y expulsan a los residentes tradicionales del centro de la ciudad.

Europa exige, pero Madrid incumple

La normativa del registro turístico no es un capricho nacional. Es una exigencia europea destinada a mejorar la transparencia, proteger a los consumidores y ordenar un mercado que crecía sin control. España ha sido pionera en aplicarla, incluso antes de que fuera obligatoria. Pero el éxito de cualquier ley depende de su aplicación real. Y ahí es donde Madrid falla estrepitosamente.

El registro no es un trámite decorativo. Exige que cada inmueble tenga un número identificativo y que este se incluya en los anuncios. Las plataformas como Airbnb y Booking ya no podrán alegar ignorancia. Tendrán 48 horas para eliminar cualquier anuncio que no cumpla. Pero la carga de la prueba recae, también, en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y es evidente que en Madrid nadie está corriendo.

Si nueve de cada diez pisos turísticos no están inscritos, ¿cómo pretende el Ayuntamiento recuperar el control? ¿Dónde están las inspecciones, las multas, la voluntad de proteger a los vecinos? La nueva normativa prevé sanciones de hasta 600.000 euros, pero sin mecanismos de control, estas cifras suenan a ciencia ficción.

El mensaje que lanza Madrid es claro: el turismo vale más que la legalidad. Se tolera el desorden porque es rentable, aunque el coste lo paguen los ciudadanos. En lugar de una capital europea responsable, Madrid se perfila como el agujero negro de la regulación turística. Mientras no se actúe con decisión, seguirán proliferando los pisos sin licencia, las comunidades hartas de rotación constante y los barrios que dejan de ser barrios para convertirse en parques temáticos. @mundiario