El permiso de duelo encalla en el Congreso tras el no del PP al pacto de Trabajo
Diez días para enterrar, llorar y recomponerse. Diez días para asumir la muerte de un padre, una pareja o un hijo sin la presión inmediata de volver al trabajo. Esa es la ampliación del permiso por fallecimiento pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT. Pero también es, desde esta semana, un nuevo frente político. El Partido Popular ha decidido no apoyar la medida, alegando que carece del respaldo completo del diálogo social, y ha dejado claro que no avalará una iniciativa rechazada por las patronales.
La negativa del PP no es un gesto aislado ni improvisado. Responde a una línea estratégica que el partido viene marcando desde que Alberto Núñez Feijóo asumió su liderazgo: solo apoyar reformas laborales o de Seguridad Social que cuenten con el consenso de empresarios y sindicatos. Cuando ese equilibrio se rompe, el respaldo parlamentario desaparece. Y en este caso, la CEOE y Cepyme no solo se han desmarcado del acuerdo, sino que lo han rechazado frontalmente.
El Ministerio de Trabajo, consciente del bloqueo político, baraja sacar adelante la ampliación del permiso por fallecimiento mediante un decreto ley. La fórmula permitiría que la medida entrara en vigor de forma inmediata tras su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque quedaría pendiente de convalidación en el Congreso. Es una jugada de alto riesgo: si no logra mayoría parlamentaria en el plazo de un mes, el decreto decaería. Pero también es una forma de forzar el debate público y señalar responsabilidades.
El PP y su línea roja: sin patronal no hay apoyo
Desde Génova insisten en que la posición del partido es “previsible”. En los últimos años, el PP solo ha apoyado grandes acuerdos laborales cuando estos nacían del consenso tripartito. Así ocurrió con la última fase de la reforma de pensiones, pactada por el Gobierno con sindicatos y patronales y avalada después por los populares en el Congreso. Ese precedente es clave para entender el rechazo actual.
En el caso del permiso de fallecimiento, el PP considera que el Gobierno ha optado por entenderse únicamente con los sindicatos, rompiendo el equilibrio del diálogo social. Para los populares, ese desequilibrio invalida políticamente la medida, más allá de su contenido. El mensaje es claro: no se trata solo de qué se legisla, sino de cómo y con quién.
Un permiso que apela a lo humano… y a lo político
La propuesta de Trabajo modifica el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores para reconocer diez días hábiles de permiso por duelo, frente a los dos actuales ampliables a cuatro. Además, permite distribuir esos días a lo largo de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento, introduciendo una flexibilidad inédita en la legislación laboral española.
El texto también incorpora nuevos permisos: hasta 15 días hábiles para cuidar a familiares en situación de cuidados paliativos y otro específico para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Medidas que, para los sindicatos, modernizan el Estatuto y lo adaptan a realidades sociales cada vez más visibles. Para las patronales, en cambio, suponen un incremento de costes y una reforma planteada “al margen” de una negociación real.
Un Parlamento cuesta arriba para Yolanda Díaz
La negativa del PP deja la iniciativa en manos de la mayoría de investidura, un terreno cada vez más inestable. PNV y Junts se convierten en actores clave, aunque ambos mantienen posiciones ambiguas o directamente distantes respecto al Gobierno. Junts, de hecho, ha endurecido su oposición tras romper relaciones políticas con el Ejecutivo y ya ha tumbado otras propuestas de Trabajo, como la reducción de la jornada laboral.
En este contexto, el decreto ley se convierte en un arma de doble filo. Permite a Yolanda Díaz exhibir iniciativa política y situar el debate en términos morales —¿cuántos días merece el duelo?—, pero también expone la fragilidad parlamentaria del Gobierno y la dificultad de legislar sin el apoyo empresarial.
El rechazo del PP al permiso de diez días no es solo una decisión técnica o procedimental. Es una batalla por el relato del diálogo social y por el papel que debe jugar el Estado en la protección emocional de los trabajadores. @mundiario
