La parálisis del Ejecutivo acarrea intereses a la sanción impuesta por la UE a España
Más de un mes después de que España fuese sancionada con 15 millones de euros, el Gobierno no es capaz de aprobar la directiva comunitaria sobre protección de datos y esta parálisis le cuesta a las arcas españolas 89.000 euros por cada día de retraso.
El pasado mes de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras los reiterados incumplimientos del Ejecutivo español en la aplicación sobre la directiva europea de protección de datos en lo concerniente a tratamientos de datos relativos a condenas penales, sancionó a España con 15 millones de euros y una multa diaria de casi 90.000 € hasta que hubiese adaptado la ley española a la comunitaria. Un mes después ya suman 3,2 millones de euros en intereses y todo parece indicar que acabarán siendo más de 25 millones de euros en intereses por la fecha estimada por el propio Gobierno, que no se ve capaz de articular una mayoría absoluta para aprobar la directiva.
La UE impuso esta sanción al Ejecutivo de coalición el pasado 25 de febrero. El caso es inédito. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nunca antes había impuesto ambos tipos de sanción pecuniaria simultáneamente en toda la historia comunitaria. Una sanción económica de 15 millones de euros y una sanción coercitiva por cada día que no se aplicase la directiva. En su sentencia, los magistrados europeos argumentaron que dicha sanción coercitiva "supone un medio apropiado para garantizar que el Estado ponga fin, lo antes posible, al incumplimiento declarado". Los jueces europeos argumentaron en la sentencia que los cerca de 90.000 euros diarios de sanción coercitiva buscaban evitar que el Gobierno español reincidiera en el futuro en "infracciones análogas que afecten a la plena efectividad del Derecho de la Unión Europea.
El caso había pasado de mano en mano entre los organismos de la UE que incluso habían dado una ampliación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones al gobierno español el cual había alegado entonces “circunstancias institucionales muy excepcionales” en alusión a que el ejecutivo se encontraba en ese momento en funciones, situación que se prolongo durante más de 500 días. Finalmente en marzo de 2019 se acabó el tiempo “extra” y comenzó el proceso judicial que se saldo el pasado 25 de febrero con la sanción y la inédita multa coercitiva a España.
La citada directiva no adaptada al derecho español busca facilitar el intercambio de datos personales entre las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros en la investigación de aquellos delitos que pudieran cometerse dentro del territorio europeo. Entre los mandatos que recoge el documento comunitario se encuentra el establecimiento de plazos "apropiados" por parte de los Veintisiete a partir de los cuales, las autoridades deberán suprimir los datos de sus ficheros o, al menos, revisar de forma periódica la necesidad de su conservación.
El núcleo del problema es que para adaptar esta directiva al derecho español, es necesario que se apruebe mediante una ley orgánica ya que afecta a derechos fundamentales y para la aprobación de una ley orgánica es necesario una mayoría absoluta del parlamento. Mayoría que el gobierno no tiene y la cual tiene dificultades en articular. Por este motivo en febrero, el Gobierno de coalición dio luz verde a un pacto para agilizar la estos trámites en un plazo de tres semanas para estudiar e implementar las directivas comunitarias, estrategia que empezará a aplicarse a partir del próximo 1 de septiembre. Por tanto si no hay cambios en septiembre de 2021 el Ejecutivo estará en condiciones de aprobar esta directiva europea quedando con una deuda frente a la UE de 15 millones de sanción y de 25 millones de euros de intereses a razón de unos 3,2 millones de euros de intereses por mes de retraso. @mundiario
