Los Papeles de Panamá salpican el mundo de las residencias de lujo de Miami
Muchos inmuebles suntuosos comprados en el Sur de la Florida los han adquirido firmas extranjeras pagando en efectivo, y el Gobierno federal ha iniciado una investigación.
La mayor filtración de datos en la historia del periodismo, la de los llamados Papeles de Panamá, ha revelado las maromas que hacen los ricos para seguir acumulando capital y no pagar los impuestos que deberían pagar.
Por supuesto, ya han salido a la palestra los defensores de estos adinerados, alegando que las compañías offshore establecidas en los paraísos fiscales son legales. Sí, en efecto, son legales en los países que permiten la creación de esas sociedades. Lo que no es legal es que se usen para evadir impuestos, entre otros delitos.
El sociólogo brasileño Emir Sader dice que los paraísos fiscales “son verdaderos prostíbulos del capitalismo”. En esos refugios financieros se lleva a cabo una gran cantidad de actividades ilícitas, aparte de burlar al fisco. Los capitales generados por negocios ilegales como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas, la prostitución, el contrabando y otros delitos graves suelen lavarse en esos centros de la corrupción internacional.
“Detrás de toda gran fortuna hay un crimen”, decía Honoré de Balzac. Pero no hay que pensar tan radicalmente como el novelista francés para darse cuenta de que muchos se han enriquecido burlándose de la ley, y que mantienen sus ingresos faraónicos mediante la constante comisión de delitos.
El problema con las empresas offshore creadas en países con legislaciones fiscales muy generosas para los acaudalados no es que sirvan a sus dueños –cuyos nombres se mantienen en el anonimato– para evadir los impuestos que deberían pagar. El problema es que muchas veces se usan estas fachadas para blanquear capitales obtenidos de manera ilícita, mediante el crimen, como diría Balzac, y que ese lavado suele tener un efecto nocivo para el resto de la sociedad.
Miami, capital de diversos tipos de fraude en los Estados Unidos, es un ejemplo perfecto. Los documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca han permitido al diario Miami Herald, en asociación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, examinar más a fondo el mundo de las propiedades de lujo en Miami. Ya está saliendo a la luz que muchos inmuebles suntuosos adquiridos en el Sur de la Florida se han comprado con dinero generado por delitos en el extranjero. Esa actividad en el sector inmobiliario local ha tenido un efecto pernicioso para los habitantes de Miami: ha disparado los precios de la vivienda a niveles estratosféricos.
De paraíso de jubilados y trabajadores de fábricas hasta los años 1990, Miami se ha convertido en un imán de extranjeros adinerados, y las actividades de no pocos de ellos tienen un carácter turbio. Es un símbolo revelador que hasta hace unos cinco años, el propietario del penthouse más alto de South Beach era un narcotraficante, el español Álvaro López Tardón, finalmente arrestado en 2011 y sentenciado en 2014 a 150 años de cárcel. La jueza federal de distrito Joan Lenard, que presidió el caso de López Tardón, dijo: “Miami está repleta de gente que utiliza fondos ilegales para vivir una increíble vida de lujos”.
El apogeo de las propiedades de lujo ha aumentado los precios de los bienes raíces en Miami hasta el punto de que actualmente las dos terceras partes de los residentes habitan en viviendas alquiladas, una proporción muy por encima del promedio nacional. La razón: comprar una vivienda se ha hecho incosteable para un elevado número de residentes de Miami.
Entretanto, el 53 por ciento de las propiedades compradas en Miami se adquieren en efectivo, más del doble del promedio nacional y por encima incluso de la cifra de Manhattan. Este dato despertó la curiosidad del gobierno federal, que en marzo inició una investigación de transacciones inmobiliarias en Miami y en Nueva York, la cual durará hasta agosto.
El 5 de abril, la Comisión del Condado de Miami-Dade –con la oposición del presidente de la comisión, Jean Monestime, y las comisionadas Daniella Levine Cava y Barbara Jordan– aprobó una resolución simbólica pidiendo a las autoridades federales que no se concentren tanto en Miami en su investigación sobre lavado de dinero. Pero es al revés: las transacciones oscuras gracias a las cuales Miami se ha convertido en un paraíso del blanqueo de capitales y de inversiones de origen dudoso deben investigarse a fondo. Deben examinarse las compras de propiedades de lujo realizadas a través de compañías que operan en secreto, mientras se fortalecen las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero. Hay que investigar las fortunas de Miami detrás de las cuales, como están revelando los Papeles de Panamá, puede haber un crimen.
