Nuevo pulso por el SMI: Hacienda propone prolongar la deducción del IRPF
El Ministerio de Hacienda se prepara para reactivar uno de los mecanismos fiscales más controvertidos —y a la vez más eficaces— de la última legislatura: la deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI). Lo que nació hace apenas un año como una solución temporal a la guerra interna del Gobierno sobre si el SMI debía tributar o no, vuelve ahora a imponerse como la vía más realista para evitar que los trabajadores más vulnerables pierdan poder adquisitivo con la próxima subida salarial prevista para 2026.
El movimiento, que fuentes del departamento de María Jesús Montero califican como “una posibilidad abierta”, refleja una tensión política latente: cómo mantener el impulso al SMI sin trasladar todos los costes a las empresas ni penalizar a quienes apenas superan los umbrales más modestos de renta. Y lo cierto es que los datos acompañan el giro. Con un salario mínimo que ha ascendido un 61% desde 2018 y que en 2025 alcanza los 1.184 euros brutos mensuales, el Gobierno sabe que cada punto adicional de incremento arrastra consigo una pregunta incómoda: ¿quién asume el impacto fiscal derivado de ese avance?
El año pasado, la respuesta fue una deducción específica. Fue un parche, sí, pero un parche que funcionó. Permitió devolver más de 300 euros anuales a cerca de medio millón de personas —sobre todo trabajadores solteros y sin hijos— que, por primera vez, habían empezado a sufrir retenciones en su nómina. La receta calmó las tensiones entre PSOE y Sumar, evitó que la subida del SMI se transformara en una pérdida neta de ingresos y dejó a Hacienda con una sensación clara: la fórmula puede no ser elegante, pero es tremendamente operativa.
Ahora, con el comité de expertos recomendando una subida del 3,1% para 2026 si el SMI no tributa —y del 4,7% si lo hace—, el debate regresa a la escena política con un guion familiar. Trabajo presiona para blindar el poder adquisitivo de quienes menos ganan; Economía intenta equilibrar cuentas; Hacienda busca un punto intermedio: ampliar la deducción ya existente para compensar la tributación, aliviar el golpe fiscal y evitar una ruptura con los empresarios.
Una deducción a medida para un problema creciente
La clave de la propuesta, según señala EL PAÍS, reside en que la deducción es selectiva, casi quirúrgica. Ajustarla permite ayudar solo a quienes realmente lo necesitan, sin tocar los mínimos exentos del IRPF, una reforma que beneficiaría también a las rentas altas y supondría un agujero recaudatorio considerable. Para un Gobierno que quiere reforzar la progresividad del impuesto —y que se mueve en un contexto de exigencias europeas de responsabilidad fiscal—, la deducción se convierte en un mecanismo preciso y barato.
Además, la lógica política es evidente: si la meta es acercar el SMI al 60% del salario medio neto, como prometieron PSOE y Sumar, parte del esfuerzo puede venir del propio IRPF. Es decir, que no todo recaiga sobre las empresas vía salario bruto, sino también vía devolución fiscal al trabajador.
Un debate que revela una batalla más profunda
Lo que se discute no es solo una deducción. Es el modelo laboral y fiscal que España quiere consolidar. El SMI se ha convertido en un símbolo: para algunos, un instrumento imprescindible de redistribución; para otros, una carga creciente para un tejido empresarial formado en su mayoría por microempresas. La deducción aparece como un puente entre esas dos miradas: un mecanismo que amortigua tensiones y permite seguir subiendo el SMI sin romper apoyos.
Aunque la cuantía exacta está aún por definir, en Hacienda dan por hecho que la deducción será clave para evitar que miles de personas pierdan poder adquisitivo en 2026. Una solución transitoria que vuelve a repetirse. Un salvavidas fiscal que, a fuerza de renovarse, amenaza con convertirse en norma. @mundiario
