La economía sumergida supone un verdadero lastre para el futuro de España
Según un estudio de Visa, en España durante el año 2012 la economía sumergida representó el 18,6 % del PIB,con un volumen cercano a los 200.000 millones de euros. Si el Estado pudiese trasladar a la economía legal ese dinero, deberían llegar a las arcas públicas ingresos adicionales por valor de 35.000 millones de euros anuales. Esto, más las reformas de las administraciones públicas, reportarían al Estado del orden de los 70.000 millones de euros. El país tendría casi corregido el desfase del déficit público. El Ejecutivo debería de ponerse con más ahínco a la tarea de corregir estos déficits estructurales.
Otra problemática y no menor a la anterior es la política fiscal demasiado enfatizada en las cotizaciones sociales. No tenemos problemas con las cuantías que ingresa el Estado por esta partida, ni en la partida del impuesto de la renta de las personas físicas, en este grupo ocupamos la primera línea de la Europa de los 27. Entonces, ¿cuál es nuestro talón de Aquiles? Pues la recaudación del IVA y de los impuestos especiales, que nos sitúan entre los últimos en estos conceptos, también dentro de los 27. Algunos círculos de opinión económica dan por sentado que la alta fiscalidad de las cotizaciones sociales son una verdadera traba para la contratación de trabajadores.
La lucha contra la economía sumergida es ahora mismo totalmente necesaria para poder plantearse cambios, a medio y largo plazo, en los procesos productivos y de política fiscal. La resolución de estos problemas subyacentes abriría un abanico de posibilidades que ahora mismo se muestra lejano.
